La propuesta
La política de “carga pública” se remonta a 1882 y ha sido parte del proceso para la “tarjeta verde” durante décadas, para determinar si el extranjero tiene los medios para mantenerse financieramente a largo plazo. Lo nuevo de la propuesta es que amplía la definición de los beneficios públicos que afectarían ciertos trámites migratorios, incluyendo visas laborales o de reunificación familiar. De implementarse, la propuesta perjudicaría a personas que soliciten la residencia permanente u otras visas si reciben ayuda de programas como “Medicaid”, cupones de comida del programa de “Asistencia Nutricional Suplementaria” (SNAP), subsidios de vivienda bajo la “sección 8”, y cobertura de medicamentos bajo “Medicare”. podrían quedar descalificadas, indicó.
El análisis es similar a otro que publicó en agosto pasado el Instituto de Política Migratoria (MPI) que advirtió que casi la mitad de la población extranjera podría sufrir el impacto del reglamento.
El documento de MPI dijo entonces que el reglamento afectaría al 71% de los solicitantes de “tarjeta verde” de México y Centroamérica, al 69% de los de Africa, y al 52% de los de Asia, pero solo al 36% de los de Canadá, Europa y Oceanía.
Una política de exclusión
La política sobre la “carga pública” data de 1882 y en décadas pasadas se ha usado para restringir el ingreso de judíos que huían de los nazis, familias homosexuales, y personas con discapacidades y ciertas condiciones de salud.
El resultado del cambio, según Anastasia Tonello, presidenta de la Asociación de Abogados de Inmigración de EEUU (AILA), será una mayor exclusión de gente pobre, y las familias de bajos recursos tendrán que escoger entre su supervivencia y su permanencia legal en Estados Unidos.
Este reglamento “castiga a quienes apenas comienzan su rumbo hacia la prosperidad económica. Debemos frenar este esfuerzo reciente de la Administración Trump por añadir a su muro invisible”, enfatizó.
Impacto en comunidades
Desde el sábado pasado, la propuesta ha generado rechazo de líderes demócratas del Congreso, y representantes de grupos comunitarios, cívicos y religiosos en todo el país, quienes coincidieron en que, al castigar a los inmigrantes, la Administración Trump paradójicamente también perjudicará a comunidades que dependen de su mano de obra.
El senador de Oregón, y