Policía presenta a nuevos acusados de terrorismo
Organizaciones humanitarias insisten que varios sospechosos son presos políticos, capturados por protestar contra Ortega
La Policía de Nicaragua presentó a cuatro hombres acusados de “terrorismo”, los que se suman a una lista de más de 200 personas acusadas por el mismo delito en el país, desde el estallido social de abril pasado.
Francisco Dávila, Byron Molina, Nelson Mairena y Francisco Dávila, fueron presentados como “integrantes de una agrupación terrorista” por la Policía Nacional, ante medios del Gobierno.
De acuerdo con la información oficial, los hombres, todos nicaragüenses, son responsables de los delitos de “terrorismo, crimen organizado, tenencia ilegal de armas, lesiones graves, exposición de personas al peligro, daños y perjuicio al Estado y la sociedad nicaragüense”.
La Policía informó que los acusados también ocasionaron la muerte de una persona en el municipio de La Trinidad, al norte de Nicaragua, e hirieron a 31 simpatizantes del Gobierno y a 16 policías, el 30 de mayo pasado.
Organizaciones humanitarias en Nicaragua han insistido en que los acusados por terrorismo son “presos políticos”, capturados por protestar contra el presidente Daniel Ortega.
Dichas organizaciones calculan que en Nicaragua existen más de 300 “presos políticos”, cantidad que superaría el millar si se incluyen a más de 1.300 desaparecidos, según un informe emitido este lunes por la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH).
Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como la oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) ha responsabilizado al Gobierno “más de 300 muertos”, así como por ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros, violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos.
El presidente Ortega se ha desvinculado de la responsabilidad y mantiene que todo se debe a un intento de “golpe de Estado”.
Las manifestaciones contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, después de 11 años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción.