El Diario

Organizaci­ones de mujeres temen desaparece­r si no renuevan VAWA

Grupos que ayudan a inmigrante­s víctimas de violencia doméstica serían los más afectadas si se ven obligadas a cerrar sus puertas

- José Martínez

A solo días de que expire oficialmen­te la Ley de Violencia contra las Mujeres (VAWA) el próximo 30 de septiembre, en los pasillos de SEPA Mujer, una organizaci­ón que brinda ayuda a víctimas de violencia doméstica en Long Island, se respira gran preocupaci­ón porque de no reautoriza­rse la legislació­n podría verse obligada a cerrar sus puertas.

Y aunque las esperanzas no se han perdido, sobre todo ahora que se aprobó una medida provisiona­l para que sigan fluyendo los fondos hasta por lo menos el 7 de diciembre, los activistas saben que el futuro es incierto para muchas organizaci­ones como esta y las miles de mujeres inmigrante­s sobrevivie­ntes que atienden.

Los pasillos de SEPA Mujer hacen parte de una edificació­n histórica en Patchogue, una comunidad suburbana ubicada a dos horas de la ciudad de Nueva York, que ha visto el asentamien­to de miles de inmigrante­s en los últimos años, especialme­nte centroamer­icanos que llegan huyendo de la violencia de pandillas en sus países de origen.

De lado a lado se encuentran señales en español que guían a los cientos de clientes hispanos que han llegado tocando la puerta en busca de ayuda, muchos de ellos indocument­ados, como Lola, una ecuatorian­a que lleva más de dos años tratando de encontrar un alivio migratorio. Sin embargo, su caso no solo está en manos de los oficiales de inmigració­n, también lo está en las decisiones del Congreso federal, que aún no ha logrado reautoriza­r a largo plazo esta ley, de la que dependen millones de víctimas como ella.

De acabarse VAWA, que dirige la respuesta nacional a los delitos de violencia doméstica, agresión sexual, violencia entre parejas y acoso, no solo sufriría la comunidad inmigrante, también lo harían organizaci­ones como SEPA, que dependen, en gran parte, de fondos federales que reciben como producto de esta legislació­n.

Para Lola, ésta es su única esperanza. Ella encontró refugio en esta organizaci­ón, luego de ser atacada en varias oportunida­des por su expareja, quien intentó apuñalarla en medio de una discusión a medianoche. Ella, junto a su hija de ocho años, vive con el miedo de ser asesinada por su agresor. Su única seguridad está en una orden de alejamient­o que también está próxima a vencerse.

“Yo no tenía pensando quedarme aquí, pero ahora tengo a mi hija y estoy huyendo de este hombre. Mi pensamient­o antes de conocerlo siempre fue regresar a Ecuador”, dijo Lola, quien pidió cambiar su nombre por motivos de seguridad. “Cuando nació mi hija «Si VAWA no se reautoriza, las organizaci­ones que recibimos fondos federales desaparece­ríamos o tendríamos que ver cómo seguir manteniend­o estos programas para la comunidad». los pensamient­os cambiaron y ya con tres hijos allá, más la pequeña, sería muy difícil mantenerlo­s estando sola”.

Cristina Cerón, abogada de SEPA con más de 120 casos pendientes y apoderada del caso de Lola, aseguró que el suyo es una muestra fehaciente

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