Organizaciones de mujeres temen desaparecer si no renuevan VAWA
Grupos que ayudan a inmigrantes víctimas de violencia doméstica serían los más afectadas si se ven obligadas a cerrar sus puertas
A solo días de que expire oficialmente la Ley de Violencia contra las Mujeres (VAWA) el próximo 30 de septiembre, en los pasillos de SEPA Mujer, una organización que brinda ayuda a víctimas de violencia doméstica en Long Island, se respira gran preocupación porque de no reautorizarse la legislación podría verse obligada a cerrar sus puertas.
Y aunque las esperanzas no se han perdido, sobre todo ahora que se aprobó una medida provisional para que sigan fluyendo los fondos hasta por lo menos el 7 de diciembre, los activistas saben que el futuro es incierto para muchas organizaciones como esta y las miles de mujeres inmigrantes sobrevivientes que atienden.
Los pasillos de SEPA Mujer hacen parte de una edificación histórica en Patchogue, una comunidad suburbana ubicada a dos horas de la ciudad de Nueva York, que ha visto el asentamiento de miles de inmigrantes en los últimos años, especialmente centroamericanos que llegan huyendo de la violencia de pandillas en sus países de origen.
De lado a lado se encuentran señales en español que guían a los cientos de clientes hispanos que han llegado tocando la puerta en busca de ayuda, muchos de ellos indocumentados, como Lola, una ecuatoriana que lleva más de dos años tratando de encontrar un alivio migratorio. Sin embargo, su caso no solo está en manos de los oficiales de inmigración, también lo está en las decisiones del Congreso federal, que aún no ha logrado reautorizar a largo plazo esta ley, de la que dependen millones de víctimas como ella.
De acabarse VAWA, que dirige la respuesta nacional a los delitos de violencia doméstica, agresión sexual, violencia entre parejas y acoso, no solo sufriría la comunidad inmigrante, también lo harían organizaciones como SEPA, que dependen, en gran parte, de fondos federales que reciben como producto de esta legislación.
Para Lola, ésta es su única esperanza. Ella encontró refugio en esta organización, luego de ser atacada en varias oportunidades por su expareja, quien intentó apuñalarla en medio de una discusión a medianoche. Ella, junto a su hija de ocho años, vive con el miedo de ser asesinada por su agresor. Su única seguridad está en una orden de alejamiento que también está próxima a vencerse.
“Yo no tenía pensando quedarme aquí, pero ahora tengo a mi hija y estoy huyendo de este hombre. Mi pensamiento antes de conocerlo siempre fue regresar a Ecuador”, dijo Lola, quien pidió cambiar su nombre por motivos de seguridad. “Cuando nació mi hija «Si VAWA no se reautoriza, las organizaciones que recibimos fondos federales desapareceríamos o tendríamos que ver cómo seguir manteniendo estos programas para la comunidad». los pensamientos cambiaron y ya con tres hijos allá, más la pequeña, sería muy difícil mantenerlos estando sola”.
Cristina Cerón, abogada de SEPA con más de 120 casos pendientes y apoderada del caso de Lola, aseguró que el suyo es una muestra fehaciente