Confirman prisión para vinculados al crimen de Cáceres
La Corte de Apelaciones de Honduras confirmó ayer la prisión preventiva de un policía y un exagente policial, presos desde noviembre de 2017 presuntamente por aportar pruebas falsas para desviar las pesquisas en la investigación del asesinato de la ambientalista Berta Cáceres.
El Ministerio Público indicó en un comunicado que los jueces de la Corte de Apelaciones dejaron firme el fallo emitido en noviembre de 2017 por un juzgado que convalidó la prisión preventiva del investigador Juan Carlos Cruz y el expolicía Miguel Arcángel Rosales.
Señaló que la Corte de Apelaciones declaró “sin lugar” un recurso de apelación presentado por la defensa de los expolicías, quienes estaban asignados a la investigación del asesinato de Berta Cáceres, en marzo de 2016.
La resolución de la Corte de Apelaciones señala que los acusados seguirán en prisión preventiva, indicó el Ministerio Público.
Ambos son acusados por el delito de “inutilización de registros destinados a servir como medio de prueba ante autoridad competente y falsificación de documentos públicos”, añadió.
De acuerdo a una investigación realizada por fisca- les, los detenidos presentaron “pruebas falsas para tratar de desviar las investigaciones en torno al crimen de la líder ambientalista”.
Dos de esas pruebas falsaseran la declaración de un supuesto testigo protegido, así como una grabación que fue adulterada.
Esa investigación fue sustentada al realizar los análisis y pericias respectivas al arma con la cual se supone le quitaron la vida a la líder ambientalista.
Cáceres, quien era coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), fue asesinada el 3 de marzo de 2016 en su casa en La Esperanza, y el único testigo es el ambientalista mexicano Gustavo Castro, quien ese día era su huésped y resultó herido de bala, aunque no de gravedad.
Su muerte causó gran conmoción en el mundo de los defensores del medioambiente y también de los derechos humanos.
El Ministerio Público indicó que por este crimen han sido detenidas otras nueve personas, entre ellos Sergio Ramón Rodríguez, gerente de la empresa Desarrollo Energéticos (DESA), una compañía a la cual Cáceres se enfrentó por defender el río Gualcarque, donde esa firma pretendía construir la represa.