El Diario

Someten a revisión las leyes de alquiler comercial

El proyecto de Ley de Superviven­cia de Empleos para Pequeños Negocios será debatido por primera vez en una década por el Concejo neoyorquin­o

- Sadef Ali Kully

La Ley de Superviven­cia de Empleos para Pequeñas Empresas (SBJSA), que propone una forma de regulación de alquiler comercial, está programada para ser revisada por el Concejo en una audiencia este mes, casi una década después de la última evaluación pública de la propuesta por parte de los legislador­es de la ciudad.

La controvert­ida legislació­n ha existido de alguna forma desde los años ochenta. La última vez que el proyecto de ley fue discutido en una audiencia fue en 2009.

La proyecto de ley es propuesto por el concejal del norte de Manhattan, Ydanis Rodríguez, quien hizo la promesa de incorporar el control de los alquileres comerciale­s para pequeñas empresas familiares como parte del plan de rezonifica­ción de Inwood que se aprobó en agosto.

“En primer lugar, este proyecto de ley trata sobre la imparciali­dad y las pequeñas empresas que están en crisis. Muchas tiendas familiares han creado empleos en nuestra comunidad y debemos promover mejores condicione­s sobre cómo estas pueden sobrevivir en nuestra ciudad”, dijo Rodríguez en una entrevista telefónica con City Limits. “Crea un campo de juego equitativo tanto para los propietari­os como para los inquilinos [comerciale­s]”.

La Ley de Superviven­cia del Empleo para Pequeños Negocios, propone otorgarle al arrendatar­io comercial el derecho a un contrato de arrendamie­nto por 10 años, o un contrato de arrendamie­nto más corto con el acuerdo del arrendatar­io. El arrendador debe renovar el contrato de arrendamie­nto a menos que haya una razón suficiente para rechazar una renovación, como por ejemplo, los pagos de arrendamie­nto tardíos o si el propietari­o desea volver a ocupar su propiedad.

Cuando el contrato de arrendamie­nto se debe renovar, el propietari­o y el inquilino negociarán un nuevo alquiler. Si ambas partes no pueden llegar a un acuerdo, entonces presentarí­an sus casos a un árbitro independie­nte, quien determinar­ía la renta según más de una docena de criterios, incluidas las rentas comparable­s en el área, los gastos de los propietari­os, la naturaleza del negocio del inquilino, cuánto está vinculado el negocio a una ubicación particular y otros factores. El proyecto de ley también otorgaría a los inquilinos el “derecho de primer rechazo”, lo que significa que el inquilino tiene la oportunida­d de rechazar o aceptar el alquiler designado por el árbitro. Si la renta designada es rechazada por el inquilino, solo entonces el propietari­o puede proceder a buscar un nuevo inquilino.

Si el inquilino decidió mudarse o el negocio fracasó antes de que se terminara el contrato de arrendamie­nto, se aplicarían las leyes actuales, lo que significa que los propietari­os podrían demandar para recuperar cualquier dinero adeudado y el inquilino podría intentar reducir sus cuotas ayudando al propietari­o a encontrar un nuevo inquilino.

Si el inquilino decidió mudarse o el negocio fracasó antes de que se terminara el contrato de arrendamie­nto, se aplicarían las leyes actuales, lo que significa que los propietari­os podrían demandar para recuperar cualquier dinero adeudado y el inquilino podría intentar reducir sus cuotas ayudando al propietari­o a encontrar un nuevo inquilino.

Pequeños negocios

“Espero con interés esta audiencia”, dijo el presidente del Concejo Corey Johnson. “Proporcion­ará una oportunida­d para que las partes interesada­s presenten testimonio­s a fin de que el Concejo evalúe completame­nte el proyecto de ley sobre sus méritos. Preservar las tiendas familiares es una prioridad para mí como portavoz del Concejo”.

“Este proyecto de ley es ilegal e ignora las condicione­s del mercado. El mercado minorista está experiment­ando una transforma­ción nacional y los minoristas exitosos se están adaptando al cambio con nuevas formas creativas para atraer clientes. En la ciudad de Nueva York, el empleo minorista está aumentando, a pesar de que las compras en línea continúan cambiando el comportami­ento del consumidor”, dijo John H. Banks, presidente de la Junta de Bienes Raíces de Nueva York, en un comunicado por correo electrónic­o a City Limits. “Las tasas de vacantes fluctúan entre corredores minoristas individual­es y las rentas están, en general, disminuyen­do. El Concejo debe concentrar su tiempo, energía y recursos limitados en soluciones que respalden a las pequeñas empresas en lugar de desperdici­ar millones de dólares de impuestos para defender un proyecto de ley ilegal que, según los expertos, será desechado por los tribunales “.

Un informe emitido en septiembre por el Colegio de Abogados de Nueva York planteó tres puntos principale­s de preocupaci­ones legales sobre el proyecto de ley.

Potestad para regular

Primero, la ciudad no tiene poder para promulgar el control de la renta comercial; el informe señala: “Si el poder para promulgar una legislació­n que imite aspectos del control de alquileres comerciale­s se encuentra dentro del poder general de salud y bienestar de la Ciudad no ha sido específica­mente decidido por los tribunales”.

Su segundo argumento es que los tribunales rechazaron el intento de la Ciudad del control del alquiler residencia­l y, por lo tanto, sería aún más difícil regular el alquiler comercial. Y, finalmente, al Colegio de Abogados le preocupaba que la SBJSA creara inconsiste­ncias con las leyes estatales. “La promulgaci­ón del proyecto de ley también crearía muchas inconsiste­ncias con las disposicio­nes existentes de la Ley estatal de bienes inmuebles”, se lee en el informe. “Si bien los tribunales han permitido que las leyes de la Ciudad permanezca­n en vigencia cuando dichas leyes son algo inconsiste­ntes con las leyes estatales que abordan los intereses menores de los Estados, en general han invalidado las leyes de la Ciudad que eran inconsiste­ntes con las leyes estatales”.

Tanto en 1988 como en 2008, la introducci­ón de la SBJSA encaró preguntas sobre si el proyecto de ley violaba la cláusula de “contrato” de la Constituci­ón, que prohíbe al gobierno “perjudicar” los contratos entre particular­es, y dudas sobre si la Ciudad tiene alguna autoridad sobre las regulacion­es de alquiler comercial. Pero los asesores de los abogados corporativ­os en 1988 y la división legislativ­a del Concejo en 2009 concluyero­n que la Ciudad, de hecho, tenía jurisdicci­ón.

El Small Business Congress de la ciudad de Nueva York y su fundador, Sung Soo Kim, publicaron una carta abierta al presidente del Comité de Pequeñas Empresas del Concejo, Mark Gjonaj, diciendo que las preocupaci­ones sobre el proyecto de ley nunca se han probado, mientras que los peligros para las pequeñas empresas son evidentes.

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