Entra en vigor ley que obliga a policías identificarse durante detenciones
Las nuevas medidas locales de “Derecho a Saber” pretenden proteger a ciudadanos durante encuentros con el NYPD
Ni el paso de los años, 24 para ser más precisos, han podido borrar el dolor que sintió Iris Baez el día que encontró muerto a su hijo Anthony. El joven fue sometido a una llave de estrangulamiento por el oficial del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) Francis Livoti el 22 de diciembre de 1994.
“La idea de la relación entre la Policía y la comunidad está muy cerca de mi corazón. Fue un oficial de policía de la comunidad estacionado en mi cuadra el que mató a mi hijo porque el balón de fútbol de Anthony golpeó accidentalmente su patrulla”, dijo Baez, quien desde entonces se ha dedicado a ayudar a las familias que enfrentan la violencia policial, a través de la fundación que creó en honor a su hijo.
El anhelo de Baez de ver un cambio en la manera como el NYPD interactúa con comunidades de color podría hacerse realidad hoy, cuando entre en vigor la Ley del Derecho a Saber, un paquete de dos legislaciones de reforma policial aprobadas en diciembre de 2017 y que entre otras cosas, obliga a los uniformados a identificarse antes de detener a una personas.
Para discutir la implementación de la ley, la madre se unió este jueves a miembros de la organización Comunidades Unidas por la Reforma Policial (CPR) y varios concejales, como Antonio Reynoso, principal patrocinador de la legislación, quien explicó que la confianza es el componente más crítico en la re- lación entre la Uniformada y las comunidades que deben proteger.
“La práctica inconstitucional de detener y registrar erosionó esta confianza, particularmente en las comunidades de color”, indicó Reynoso, quien agregó que la implementación de la nueva ley “servirá como un paso hacia la reconstrucción de esta relación”.
Entre otras cosas, la legislación requerir que los oficiales se identifiquen y proporcionen el nombre, rango, comisaría y número de teléfono de la Junta de Revisión de Quejas Civiles al final de los encuentros que no resulten en un arresto o una citación. Para ello, los policías contarán con tarjetas de presentación.
Reynoso se unió a sus colegas del Concejo Municipal Jumaane Williams, Brad Lander y Carlos Menchaca, para también señalar que la versión final de la ley de identificación de la Uniformada, fue duramente criticada por los defensores de la reforma policial y opuesta por numerosos miembros del Concejo, debido, según los concejales, “a las grandes lagunas, las excepciones y las enmiendas de última hora que son contraproducentes para la reforma policial”.
Michael Sisitzky, asesor jurídico de la Unión de Libertades Civiles de Nueva York (NYCLU), apuntó que la Ley del Derecho a Saber fue diseñada inicialmente para encaminar al NYPD a fin de mejorar las relaciones con las comunidades sobrepobladas y aumentar la transparencia durante los encuentros policiales, sin embargo, aseguró que debe haber un seguimiento tras la puesta en marcha.
“Si bien la ley de Consentimiento para la Búsqueda aumentará la confianza entre la policía y las comunidades marginadas, el componente de identificación policial no va lo suficientemente lejos como para garantizar que los oficiales rindan cuentas en todos los encuentros”, insistió Sisitzky. “La pregunta sigue siendo si el NYPD se comprometerá a implementar esta nueva ley de buena fe, especialmente en comunidades de color que aún experimentan una fuerte presencia policial en sus vecindarios”, puntualizó.
“No acepto esta búsqueda”
Entre tanto, el concejal Menchaca recordó que todo ciudadano tiene el derecho a negarle acceso a un oficial para que requise sus cosas. Para el líder político, esta ley hará más difícil que la policía pueda “llegar a ser intrusiva”. “Lo clave es decir: ‘No acepto esta búsqueda’ y preguntar ¿Soy libre para irme?”, destacó el concejal.
Según Menchaca, se espera que la ley ayude a reducir las interacciones innecesarias con la policía y reducir los daños y abusos en las interacciones policiales más comunes que tienen lugar en toda la ciudad, especialmente con neoyorquinos hispanos, negros, inmigrantes, LGBTQ y neoyorquinos no conformes con su género, personas sin hogar, mujeres y jóvenes de color.
Defensores de la reforma policial aseguraron que las comunidades informarán sobre las violaciones de la Ley de Derecho a Saber a la Junta de Revisión de Quejas Civiles (CCRB), además de aumentar su entrenamiento de vigilancia policial.
“Ahora que las leyes entran en vigencia, ‘Cop Watch’, la práctica de monitorear y documentar las actividades de la policía para disuadir y exponer la mala conducta, es más importante que nunca”, indicó Loyda Colón, codirectora de la Comisión de Justicia. “Hacemos un llamado a todos los neoyorquinos para que se detengan, observen y registren cuando ven a oficiales interactuando con miembros de la comunidad e informen cualquier infracción de la Ley a su organización local de Comunidades Unidas para la Reforma Policial”, concluyó Colón.