Estado denuncia tácticas de intimidación

James Rogers, vicecomisionado de Protección Laboral del Departamento de Trabajo del estado de Nueva York, reiteró que no es legal intercambiar un apartamento, y mucho menos sótanos inhabitables, por tiempo trabajado y pidió a aquellos trabajadores de edificios que no reciben trato laboral justo que busquen ayuda con ese organismo. “Muchos ‘súper’ no saben que tienen derecho a recibir salarios semanales y queremos que la gente sepa y venga a hablar con nosotros”, dijo el funcionario, explicando que hay una tabla de salarios especial, dependiendo el número de apartamentos que estén a su cargo, cuyo tope máximo semanal es $552.95. El funcionario también manifestó que muchos caseros usan tácticas de intimidación para evitar que los trabajadores los denuncien, pero advirtió que el Departamento de Trabajo tiene como meta proteger a quienes presentan sus quejas. “Los ‘súper’ y los conserjes de los edificios son particularmente una población vulnerable y en muchos casos la vivienda es una herramienta poderosa de los empleadores, pues los trabajadores temen ser desalojados como retaliación cuando denuncian. Por ello tratamos de asegurarnos de que esos desalojos no ocurran hasta que no terminen nuestras investigaciones“, agregó Rogers. Y sobre las quejas de algunos trabajadores y activistas que afirman que el Departamento de Trabajo necesita mayor diligencia con los casos denunciados, el funcionario manifestó que existe un gran compromiso, y prueba de ello es que Nueva York es el estado número 1 del país en recuperar salarios. “Cada año traemos $35 millones en salarios recuperados de trabajadores y el siguiente estado que le sigue es California y la cifra es de $18 millones, pero dependiendo lo complicado de cada caso puede tomar entre días y unos meses la mayoría y unos pocos años”.

Maura McCainn, directora de estándares laborales de ese mismo organismo, advirtió a los dueños de edificios que incurren en prácticas ilegales con sus ‘súper’ o conserjes, que las sanciones son muy grandes.

“El mensaje aquí es muy claro: fallar en cumplir la ley sale muy caro. Los empleadores tienen que seguir las reglas y si no lo hacen se exponen a que les cobremos el 200% en penalidades civiles del dinero de salario que deben, el 100% por daños líquidos, el 16% de intereses y otras penalidades adicionales por otras violaciones”, dijo la funcionaria, admitiendo que es común que cuando los patronos son denunciados utilicen muchas tácticas para negar su responsabilidad. “Por eso es importante tener evidencias. Algunos trabajadores usan cartas de apoyo de inquilinos y es importante llevar el reporte de qué días han trabajado, cuándo, cuántas horas, porque al final eso es muy útil”, agregó la experta, advirtiendo que además el Departamento de Trabajo impone hasta 30,000 en multas por incidentes de retaliación.

Intentamos hablar con la jefe de Gil, pero no respondió a nuestros requerimientos.