Discriminados

El pasado 5 de octubre de 2018 tuve la oportunidad de comparecer ante Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Boulder, Colorado, para presentar argumentos en respaldo a las querellas presentada por mi padre, el Lcdo. Gregorio Igartua, y el Honorable exgobernador Pedro Rosselló, relacionadas a la violación de derechos humanos de los ciudadanos americanos de Puerto Rico. Específicamente, la privación del derecho de participar en los eventos electorales federales

Si bien tanto el expediente de la Comisión como el récord publico incluye extensos datos históricos y legales relevantes a esta discusión, rechazo la idea de que es nuestra obligación justificar la razón por la que debemos tener acceso y disfrute de nuestros derechos políticos; eso sería contradictorio. La verdadera pregunta que hay que hacerse, y así se le presentó a la Comisión, es: ¿Qué argumentos apremiantes justifican las políticas que nos privan de estos derechos humanos?

A estos fines, en su respuesta a las querellas, el gobierno de los Estados Unidos intentó oponerse a los argumentos de los peticionarios presentando una versión arcaica y diluida de la democracia y la participación política. Argumentos que expresamente contradicen los principios que sirven como piedra angular a las bases jurídicas y filosóficas, tanto de la organización, como de la nación. n primer lugar y sucintamente, argumentaron que los ciudadanos estadounidenses de Puerto Rico tienen un nivel adecuado de autogobierno. Ya que, alegadamente, participamos plenamente los procesos políticos estatales y locales. Es interesante

EDebemos siempre tener claro que la discriminación nunca será justa, nunca será racional y nunca será digna que formulen este argumento en un momento donde opera una junta de supervisión federal, con amplios poderes, que incluso le da la facultad de anular decisiones locales y estatales de los funcionarios electos. No obstante, aun en ausencia de la Junta, el argumento es improcedente. or otro lado, el Departamento de Estado alega que el sistema constitucional americano no permite que los residentes de Puerto Rico voten y elijan funcionarios federales. Es decir, que no existe violación alguna por cuanto solo obedecen el texto de la constitución.

En tercer lugar, el Departamento de Estado. propone una solución única para nuestra deficiencia de derechos humanos: Nos invitan a mudarnos a cualquiera de los 50 estados.

El hecho de que, después de más de un siglo, los Estados Unidos no han brindado a sus ciudadanos de Puerto Rico la oportunidad real de disfrutar de estos derechos, independientemente de los remedios disponibles u óptimos, constituye una violación incuestionable de sus obligaciones bajo el derecho internacional. Si bien algunos pueden tratar de defender, racionalizar o incluso justificar la discriminación, bajo el pretexto de la ley, debemos siempre tener claro que la discriminación nunca será justa, nunca será racional y nunca será digna.l Lea este artículo completo en eldiariony.com

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