ENEMIGO SILENCIOSO
Es el enemigo silencioso. Mortífero y omnipresente: está en todas partes. Ataca a cualquiera. Y se esconde detrás de una fachada legal y una imagen seria, académica, profesional.
Son las drogas, los opioides. A la larga, sumen al usuario en un mundo de fantasía, al que entra cada vez más, sacrificándolo todo: dinero, familia, lazos de amistad, capacidad de trabajo y finalmente, la vida misma.
En los años 1990 los médicos cambiaron su tratamiento contra el dolor, un problema del que sufren 100 millones de estadounidenses. Las farmacéuticas llevaron a que los doctores recetaran productos como Oxycontin y Percocet o Vicodin. De ahí a la adicción y el paso a drogas ilegales el camino fue corto: la heroína es “el primo” químico de estos remedios.
Han matado a 72,000, solamente en 2017, según datos oficiales. Las 2/3 partes, de sobredosis de opioides. Esto es más que las muertes de soldados estadounidenses en la guerra de Vietnam, o por armas de fuego, o choques de automóviles o HIV/AIDS.
Entre los latinos, la cantidad de sobredosis por opioides crece. En algunos estados como Massachusetts, se ha duplicado en tres años, más que entre blancos o afroamericanos. Las muertes subieron en un 52% entre 2014 y 2016, mientras que entre blancos subieron en 45%.
El presidente Trump reconoció ayer el terrible peligro que pende sobre la población y firmó la ley de Iniciativa para Detener el Abuso de Opioides. Calificó la ley como un “parteaguas”, un cambio histórico. Aunque no lo es, se trata de un avance en la dirección correcta.
La ley tiene amplio apoyo tanto de Republicanos como demócratas en el Congreso.
La firma de la pieza de legislación es una buena noticia. Aunque sea calibrada a una semana antes de las elecciones nacionales. También fue positivo que Trump declarara el problema una emergencia nacional, hace un año. Y que ayer dijera que “juntos traeremos el fin de la maldición de adicción a las drogas en EEUU”.
Entre otras medidas, la ley expande el tratamiento de adicciones, acelera la investigación científica de remedios alternativos, provee fondos de Medicaid (MediCal en California) para centros de tratamiento, estimulando la creación de nuevas instituciones. Y se enfoca en la prevención de más casos. El gobierno destinará un total de $6,000 millones para esta lucha. Una suma que expertos declaran insuficientes; requieren al menos 100,000 millones.
La ley firmada ayer crea entonces una nueva situación, en la que el país reconoce la epidemia y combina los esfuerzos de las organización de cumplimiento de la ley, junto con jueces, gobiernos locales, médicos y más que nada, las familias alcanzadas por el mal.
Además de adjudicar más fondos, el gobierno debería aprobar el nombramiento de un nuevo director de la Oficina Nacional de Control de Drogas. O dar a conocer de una vez el informe anual sobre la Estrategia Nacional de Control de Drogas.
Contra esta emergencia, nuestros gobernantes deben lanzar un plan similar al que logró reducir la mortalidad del HIV/AIDS.•