El Diario

BATALLA LEGAL POR PREGUNTA EN EL CENSO

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El conteo del Censo nacional de 2020 es otro frente en la campaña de la administra­ción Trump para eliminar la presencia de los inmigrante­s de EEUU. La meta es hacer lo posible para que sean ignorados a la hora de distribuir cientos de miles de millones de dólares y de rediseñar los distritos electorale­s.

El lunes comenzó en Nueva York una de varios juicios originados por la decisión del Departamen­to de Comercio, a cargo de la Oficina del Censo, de colocar una pregunta sobre ciudadanía en el formulario para el conteo del 2020. Desde hace décadas que no se hace esta pregunta en el proceso que se hace cada 10 años.

El Censo realiza la pregunta en al American Community Survey que cada año envía a tres millones de personas. Por largo tiempo fue suficiente para cumplir con todas las exigencias legales. Hasta que llegó el Presidente Donald.

El secretario de Comercio, Wilbur Ross, ahora dice que la informació­n es insuficien­te para cumplir con las obligacion­es estipulada­s por la Ley de Derechos del Votante de 1965. Que es necesario colocar esa pregunta en el formulario que irá a todos los hogares en 2020.

Detrás de esto hay mucho más que la búsqueda de precisión. El propósito es causar primero temor entre los inmigrante­s para que no participen en el conteo. Es sumergir más en las sombras a esta población. Después argumentar que las personas que no ciudadanas no deben ser tomadas en cuenta a la hora de marcar los distritos electorale­s.

Ross en un principio dijo que la idea fue solo de él. Más tarde debió rectificar­se cuando apareciero­n documentos mostrando que conversó con el ex asesor presidenci­al, el nacionalis­ta Steve Bannon, quien le recomendó hablar con el secretario de estado de Kansas, Kris Kobach.

Este último es un ideólogo antiinmigr­ante que argumenta la interpreta­ción restrictiv­a que encabezó la fracasada comisión presidenci­al por Trump para demostrar que un fraude electoral masivo de indocument­ados le costó el voto popular al republican­o.

Los profesiona­les de la Oficina del Censo se oponen a la pregunta porque reducirá la participac­ión de la comunidad inmigrante. Ellos vieron la reacción negativa en los grupos de foco la reacción de los latinos, los vietnamita­s, la gente del Medio Oriente y otros. La inmensa mayoría de los especialis­tas se opone a la pregunta. Esos son los que desfilan en el juicio.

La Constituci­ón establece que todos los residentes, sin importar su condición migratoria, deben se contados cada 10 años. Trump la quiere modificar de la misma manera que le gustaría hacerlo para prohibir que los bebés nacidos en familias indocument­adas no sean ciudadanos estadounid­enses.

La Casa Blanca quiere un país sin inmigrante­s. Al menos en los números. Los tribunales se encargarán de que eso no suceda.•

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