Empleados públicos demandan por mal manejo de retiro
Maestros boricuas creían que su dinero estaba protegido
La Federación Estadounidense de Maestros (AFT, en inglés) y la Federación Estadounidense de Empleados Estatales, del Condado y Municipales (AFSCME) acudieron ayer al Tribunal Federal de Quiebras de Puerto Rico para pedir un interdicto y sentencia contra el gobierno por considerar un posible mal manejo de sus cuentas de retiro.
Ambos sindicatos, en nombre casi 100,000 maestros y funcionarios, solicitan también el rendimiento por los intereses que su dinero debiera haber generado si sus cuentas se hubieran invertido en el mercado de valores.
La demanda se presenta, entre otros, contra el gobernador de la isla, Ricardo Rosselló, el Banco Popular y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).
Los demandantes consideran que el ejecutivo ha incumplido la Ley 106 de 2017.
Se trata de la ley para garantizar el pago a los jubilados y establecer un nuevo plan de aportaciones definidas para los servidores públicos, con el fin de reformar el Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico y el Sistema de Retiro para Maestros, de acuerdo a la realidad económica y fiscal de Puerto Rico y a las disposiciones del Plan Fiscal para Puerto Rico.
Bajo la misma el gobierno debía crear y además proteger las contribuciones de retiro de los funcionarios y maestros en cuentas individuales, que aseguran, no se hizo.
La responsable de la ATF, Randi Weingarten, indicó, por su parte, en un comunicado que los maestros “siempre han pensado que sus fondos de retiro estaban protegidos e invertidos de manera justa (...) estaban equivocados”.
Por último, Lee Saunders, presidente de AFSCME, dijo en otro comunicado que dicha acción judicial se ha tomado al considerar que la “indiferencia del gobierno y de la JSF hacia los trabajadores es una violación de la ley y un ataque vergonzoso en contra de su libertad de jubilarse dignamente”.l