Exponen argumentos en los tribunales
Activistas de la comunidad inmigrante, encabezados por la Unión de Libertades Civiles (ACLU) instaron ayer a los tribunales a que pongan freno a las restricciones unilaterales de la Administración Trump contra quienes solicitan asilo en la frontera sur.
En sendos tribunales federales, uno en la capital estadounidense y otro en San Francisco (California), los activistas defendieron su petición de impugnar las restricciones que ha impuesto la Administración contra inmigrantes indocumentados, la mayoría de ellos centroamericanos que huyen de la violencia.
Ambas audiencias se produjeron en unos momentos en que la llegada de una caravana de inmigrantes a la frontera entre California y México ha puesto bajo la lupa el manejo de los casos de asilo por parte de la Administración, que ayer mismo insistió en que la mayoría son “migrantes económicos” y no calificarían para asilo.
El caso en Washington, “Grace v. Sessions”, está a cargo del juez Emmet Sullivan y tiene que ver con la demanda que entabló en agosto pasado la ACLU contra la decisión, anunciada en junio pasado por el entonces fiscal general, Jeff Sessions, de negar asilo a personas que huyen de la violencia doméstica o la violencia de las pandillas, y agilizar su deportación.
“Esta Administración no quiere que la gente obtenga asilo y está poniendo trabas unilateralmente… nosotros, desde luego, esperamos que el juez Sullivan nos dé la razón y frene esta política ilegal respecto a estos casos de asilo”, explicó el abogado Omar Jadwat, director del “Proyecto de Derechos para Inmigrantes” de ACLU.
“Creo que tenemos mejores argumentos de nuestro lado… el proceso de asilo no es fácil en este país, pero toda persona tiene derecho a solicitarlo”, agregó Jadwat, cuyo grupo representa en esa demanda a seis personas que siguen detenidas.
“Hay personas que han sido asesinadas tras ser deportadas a sus países, y vinieron precisamente buscando protección de la persecución. Acá lo que vemos es una hostilidad contra los inmigrantes, la inmigración, y contra las garantías que dan nuestras leyes para que la gente pueda pedir asilo”, enfatizó.
El caso en San Francisco, “East Bay Sanctuary Covenant v. Trump”, fue presentado en respuesta a la proclamación firmada por el presidente Donald Trump que prohíbe el acceso al asilo para personas que no entren por los puntos de entrada oficiales a EEUU.
Esa demanda fue presentada por ACLU, el “Southern Poverty Law Center” (SPLC), y el Centro para Derechos Constitucionales (CCR), en nombre de los grupos “East Bay Sanctuary Covenant”, “Al Otro Lado”, “Innovation Law Lab”, y CARECEN en Los Angeles.
Ambos casos, en su conjunto, impugnan las restricciones impuestas por la Administración Trump y que, según los activistas, contravienen tanto las leyes de EEUU como diversos convenios internacionales.
Durante la vista, el juez Jon Tigar pidió que la Administración Trump explique su razonamiento para restringir el asilo solo a los puertos de entrada, porque no bastan sus palabras para alterar el proceso actual.
Ninguno de los jueces emitió dictámenes pero, según Jadwat, no sorprendería que uno o ambos casos lleguen al Tribunal Supremo, donde ya han ido a parar otras demandas contra la política migratoria de Trump.
Para los activistas, la proclamación de Trump, que complementa un reglamento interino emitido el pasado 9 de noviembre, no es más que una “veda” a inmigrantes centroamericanos que desde mediados de octubre pasado se organizaron en caravanas rumbo al Norte en busca de asilo.
En documentos presentados en San Francisco, los activistas advirtieron de que, sin la intervención de un juez, las familias que afrontan grave peligro en sus países de origen, incluyendo niños, “podrían ser deportados de inmediato” y devueltos sin la oportunidad de defender sus casos.
La Administración ha argumentado que, en aras de la seguridad nacional y fronteriza, puede adoptar este tipo de medidas en situaciones de “emergencia”, aún cuando el “Acta de Inmigración y Naturalización” (INA) de 1965 establece que cualquier persona puede solicitar asilo, sin importar su estatus migratorio o por dónde ingresa a EEUU.
Pero, aún si se presentan en los puntos de entrada oficiales, muchos inmigrantes son rechazados por las autoridades u obligados a esperar en interminables colas, sin garantías de que podrán defender su caso en un tribunal.•