Se salvan los primeros 25 condenados a muerte

Con la moratoria del gobernador de Califronia, algunos asesinos en serie y condenados por multiples asesinatos son beneficiados

Un grupo de 25 condenados a la pena de muerte, del total de 737 que esperaban la ejecución de su sentencia, son los primeros beneficiados con la moratoria establecida esta semana por el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom.

Tras haber agotado sus instancias legales de apelación o peticiones de clemencia estos condenados hubieran sido los próximos en ser ejecutados cuando, como se esperaba, fuese aprobado un nuevo protocolo para utilizar la inyección letal, suspendida desde 2006 a causa de una querella legal.

“Estos 25 condenados a pena de muerte ya no tenían recursos legales para tratar de revocar la decisión o dilatar su aplicación”, explicó Albert Gómez, experto en derecho criminal del sur de California.

Cómo relató Gómez, la condena a pena de muerte en California genera inmediatamente una apelación ante la Corte Suprema del estado y de ser mantenido el veredicto, el caso se puede apelar ante la Corte Suprema de los EEUU.

Igualmente, los recursos de “hábeas corpus” permiten a la defensa alegar errores o ilegalidades durante la detención, o abuso contra los derechos del acusado, y existe además la opción de solicitar “clemencia ejecutiva” al gobernador, quien puede suspender la ejecución aunque “es una posibilidad muy inusual”, como dijo el experto.

Alegando, entre otros aspectos, que la pena de muerte discrimina a los enfermos mentales, a las personas de color y a aquellos que no pueden pagar “una representación legal costosa”, Newsom anunció el pasado miércoles una suspensión de las ejecuciones, y con su decisión puso a California junto a Colorado, Oregón y Pensilvania como los estados del país en establecer una moratoria.

Entre los 25 que se hallaban en el corredor de la muerte esperando una fecha para su ejecución figuran asesinos en el proceso de ejecuciones.

“Tres veces la gente de este estado ha pronunciado su opinión”, señaló en una declaración Steve Wagstaffe, fiscal de distrito del Condado de San Mateo, respecto a la moratoria decretada por el gobernador y a la cual él se opone.

“Newsom ha decidido que eso no es relevante”, se lamentó.

Para Ron Moreland, un veterano de la Fuerza Aérea y profesor universitario ya retirado, de 86 años, la decisión del gobernador le supone morir sin ver justicia por el asesinato de su hija Cynthia Moreland, que a la edad de 18 años fue asesinada junto con su prometido Rick Stowers, de 19, cuando hacían montañismo en 1980.

Por el asesinato de los jóvenes, y de cuatro mujeres más, David Joseph Carpenter, alias el Asesino del Sendero, fue condenado a la cámara de gas, sentencia que no se ha llevado a cabo.

“Es ridículo como el estado de California puede mantener vivo un individuo como ese, que es absolutamente diabólico y ha causado demasiado dolor”, dijo esta semana Moreland a medios californianos.

El anuncio de Newsom vino acompañado de la decisión de cerrar la prisión estatal de San Quintín, localizada en el condado de Marín (norte de California), donde funciona el único corredor de la muerte para hombres y la cámara de ejecución del estado.

Esta semana, funcionarios de este presidio retiraron la cámara de muerte por inyección letal y la cámara de gas.l