EEUU celebra la creación de comisión para acciones militares
Acusan al presidente Duke de estar saboteando el trato de paz
La embajada de EEUU en Bogotá elogió la creación de una “comisión presidencial independiente” que analizará las órdenes y documentos relacionados con las operaciones del Ejército colombiano para evitar que se ponga en riesgo la vida de civiles, como denunció el diario The New York Times.
En un comunicado divulgado ayer viernes, la embajada indicó que “aplaude el establecimiento de una comisión independiente creada por el Gobierno de Colombia para analizar las denuncias formuladas en un artículo del New York Times publicado el 18 de mayo”.
El presidente de Colombia, Iván Duque, anunció ayer la creación de dicha comisión que analizará los procedimientos de las operaciones militares en el país para comprobar que se respeten los derechos humanos.
Duque detalló que la comisión la conforman el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Hernando Yepes; el expresidente de la Corte Constitucional, Mauricio González, y el exfiscal General Alfonso Gómez Méndez.
La misión diplomática dijo entender que la comisión “revisará los hechos y hará recomendaciones al presidente Duque en el corto plazo”, por lo que manifestó respaldar “los esfuerzos” del Gobierno “para esclarecer el tema”.
La decisión de Duque se produce luego de que el diario neoyorquino revelara en su artículo, firmado por el periodista Nicholas Casey, que la política del Ejército colombiano para mejorar los resultados operacionales puede poner en riesgo a civiles y revivir la táctica de las ejecuciones extrajudiciales, conocidas en el país como “falsos positivos”.
Dichas ejecuciones fueron cometidas por miembros de la fuerza pública entre 1988 y 2014 cuando reclutaban a jóvenes, en su mayoría desempleados e incluso algunos discapacitados, a quienes ofrecían un trabajo que resultaba ser un anzuelo para llevarlos a otros lugares donde los ejecutaban y los presentaban como guerrilleros muertos en combate.
Esa táctica era utilizada por los militares para mejorar sus resultados en la lucha antiguerrilla y de esta forma recibir, permisos, premios e incluso ascensos.
La Fiscalía colombiana ha investigado hasta el momento cerca de 5,000 casos de “falsos positivos” que involucran a unos 1,500 militares.
De estos, 2,200 casos fueron remitidos a la Justicia Especial para la Paz (JEP), que se encarga de juzgar los crímenes cometidos con ocasión del conflicto armado. Al respecto, la embajada de Estados Unidos sostuvo ayer que es de interés de ese país que haya “una Colombia más fuerte y estable que proteja los derechos humanos”, para lo cual existe el compromiso de “apoyar los esfuerzos” del país andino para “fortalecer el Estado de derecho (...) y combatir el crimen”.
Asimismo subrayó que los dos gobiernos trabajan en “derechos humanos a través de una variedad de enfoques, que incluyen programas, el compromiso diplomático habitual y los diálogos bilaterales de alto nivel. También interactuamos regularmente con la sociedad civil en estos temas para comprender sus preocupaciones”.
Ayer viernes el NYT puso en el ojo del huracán al Gobierno colombiano al manifestar en un editorial que el Gobierno de Duque ha “saboteado los avances pacíficos” del acuerdo de paz y que “hasta 3,000 militantes (de las FARC) han reanudado los combates”.