Cierran la tenaza contra defensores de migrantes
Criminalizar a los activistas es ya una tendencia a ambos lados de la frontera México-EEUU
Las negociaciones para frenar los aranceles que el presidente estadounidense Donald Trump busca poner a México en contra de dos de los defensores migrantes más activos de la última década si éste no logra frenar la migración mantienen una presión judicial: Irineo Mujica y Cristóbal Sánchez, a quienes el gobierno mexicano insiste en llevarlos a 24 años de prisión.
Este futuro asoma por demás pogunas sible, dado que la Fiscalía General de la República no ha retirado los cargos, todo lo contrario: interpuso una apelación el pasado 21 de junio poco después de que el juez Manuel Cervantes, en Chiapas, determinó que “no había elementos” para vincular a proceso a los activistas acusados de tráfico de personas.
La defensa de Mujica y Sánchez, ideólogos de las primeras caravanas migrantes, argumenta que los testigos presentados ––que aseguran haber pagado por cruzar la frontera–– son fabricados: los acusados no se encontraban en el lugar de los hechos y así concordó el juez para liberarlos el 12 de junio pasado.
Para sorpresa de Front Line Defenders (FLD), una organización internacional especializada en defender a activistas migrantes perseguidos por sus Estados, la carpeta de investigación del gobierno mexicano incluyó datos que FLD tenía en su página web como alEn fotos e información sobre una petición de “acción urgente” para frenar la persecución.
“La criminalización en contra de estos defensores hace eco en una tendencia más amplia en México y en la ruta de las caravanas”, dijo María San Martín, representante de la organización.
FLD hizo un llamado a retirar de inmediato todos los cargos y garantizar la seguridad de los activistas y a frenar “la persecución, arresto, detención, hostigamiento, difamación e intimidación” de otros defensores de los derechos de los migrantes en México.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos se sumó a la alerta. En un comunicado de prensa dijo que “no pasa inadvertida la situación de riesgo” y puso de ejemplo las amenazas contra un albergue para el que solicitó medidas cautelares para salvaguardar la vida, seguridad e integridad personal de los integrantes y colaboradores.
días pasados, el Centro de Atención al Migrante Exodus, ubicado en la Colonia Ferrocarril de Agua Prieta, Sonora, tuvo un doble acoso: primero lo rondaba un hombre armado vestido de civil y luego llegaron agentes de la Guardia Nacional que pretendían entrar sin orden de registro para revisar si los migrantes “no estaban siendo traficados”.
El gobierno mexicano ha denunciado que en algunos de los albergues para migrantes se filtra la delincuencia organizada para todo tipo de actividades ilícitascomo coyotaje, secuestros y hasta renta de niños para que otras personas los utilicen para solicitar asilo en Estados Unidos. Además acusa a traficantes de atizar la actual crisis migratoria para su millonario negocio.
Mujica revira: “No se puede negar que hay tráfico, pero están apuntando a donde no existe sólo para quedar bien con Trump”.l