VICTORIA DE LA CORDURA
La administración Trump se resignó a que no puede usar el Censo Nacional 2020 para incrementar el poder político republicano a través de la intimidación de los inmigrante con el cuestionario.
De todas maneras el presidente Donald Trump emitió una acción presidencial para que el Departamento de Comercio vea las maneras posibles para determinar cuántos ciudadanos estadounidenses hay en el país. Esta es una manera de aceptar la derrota en los tribunales que impidieron que la pregunta sobre ciudadanía esté en el cuestionario año, dando la impresión que no se rindió ante el fallo en su contra.
La imagen de ganador es muy importante para este presidente. Se piensa que eso y las presiones conservadoras, ante la decisión del la Suprema Corte de Justicia en su contra, hizo que Trump repentinamente desautorice a su secretario de Comercio, Wilbur Ross, cuando este dijo que se comienzan imprimir los formularios.
En la decisión de los jueces en contra de colocar la pregunta
en el censo, se cuestionó la consistencia del argumento esgrimido por la Casa Blanca de que era necesaria para implementar la Ley de Derechos del Votante. La realidad, que era públicamente conocida por los numerosos reportes, mostraba que la intención original era manipular el temor de los inmigrantes a que se utilice la información en su contra. Que la pregunta sobre ciudadanía identifique a quienes no lo son, y que eso sea usado por una administración antiinmigrante para ubicar a los indocumentados.
La experiencia de pasar por los tribunales para hacer pregunta dejó mal parado al gobierno de Trump. El Alto Tribunal trato a la administración de mentirosos al decir que se pongan de acuerdo entre el argumento esgrimido y el conocido. Si la pregunta era necesaria para defender el derecho de los votantes o si servía para diluir la presencia de los latinos a la hora de redistribuir el poder político y asignar fondos federales. Al mismo tiempo, un juez menor le impidió al Departamento de Justicia cambiar sus abogados hasta que no se sepa claramente el motivo de la acción. El magistrado teme a que haya una trampa.
Las falsedades continúan. Uno de ellas es decir que la oposición a la pregunta es para esconder a los indocumentados. Es al revés, es para contar a todos, indocumentados incluidos.
No hay ninguna obligación de identificar específicamente a los ciudadanos en el Censo. La ley dice que hay contar a los habitantes. Las decisiones que se toman a partir de la cifras son para todos los habitantes. No hay problema querer saber cuántos ciudadanos hay. Ese cálculo ya se hacía con otro instrumento de la Oficina del Censo.
Las palabras de Trump al anunciar la acción ejecutiva mostró la intención política de usar la cuestión de la ciudadanía como parte su política migratoria cuyo fin es dividir a la población. Hoy falló, pero su esfuerzo continúa.•