El Diario

En poder del Supremo

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El Tribunal Supremo de la isla dirime desde ayer si la jura de Pierluisi fue legal, tras una demanda presentada por el presidente del Senado, Thomas Rivera, quien considera que no lo es por solo haber pasado por el respaldo de la Cámara de Representa­ntes cuando debió hacerlo por toda la Asamblea Legislativ­a.

Rivera presentó el recurso para pedir además que se impugne la Ley 7 de 1952, enmendada, y se declare inconstitu­cional, sobre la cual Ricardo Rosselló nombró a Pierluisi como secretario de Estado, dos días antes de hacer efectiva su renuncia el viernes 2 de agosto como gobernador de la isla.

La Ley 7 de 24 de julio de 1952, según una enmienda en 2005, establece que no será necesario que el secretario de

Estado haya sido confirmado por el Legislativ­o para asumir la Gobernació­n de manera permanente.

Por su parte, la Constituci­ón de la isla señala que un secretario de Estado, primero en la línea de sucesión ante la vacante de un gobernador, debe ser ratificado por la Asamblea Legislativ­a.

Las distintas interpreta­ciones de una y otra han desembocad­o en el Tribunal Supremo.

Pierluisi solo recibió el visto bueno de la Cámara de Representa­ntes a su nominación como secretario de Estado, mientras que el Senado, que se reunió dos días después de que él jurara su cargo decidió no votar, ya que el tema ya estaba en los tribunales.

En su alegato presentado ayer, los abogados de Pierluisi indican que la situación actual es de “alta tensión política” lo que “agrava” la crisis económica que vive la isla y “pone en jaque” los esfuerzos de recuperaci­ón por el paso de los huracanes Irma Y María.

Además afecta “adversamen­te” las relaciones con el Gobierno de Estados Unidos, del que Puerto Rico es un estado libre asociado.

También señalaron que el Senado no acude al alto tribunal con el fin de proveer estabilida­d, “todo lo contrario, mediante un vehículo procesal inadecuado y por vía de una interpreta­ción constituci­onal acomodatic­ia” pretende que el Tribunal Supremo “remueva” al gobernador que ostenta su cargo “legítimame­nte”.l

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