Congresos locales abusan de su poder
Diputados locales invaden funciones, hacen uso indebido de recursos públicos y planean mal el gasto
El embajador permanente de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, denunció ayer como “terrorismo económico” las nuevas sanciones que Estados Unidos ha impuesto contra su país y contra los bienes estatales, una “fase más alta y aguda” en “una campaña de agresión”, según él.
Moncada, que ha definido a la Administración de Donald Trump como “la más racista en la historia del continente”, insistió en que EEUU “toma la delantera” y “ya no pretende que haya una oposición en Venezuela que lidera algún proceso”, sino que directamente “ataca” el diálogo entre los venezolanos.
Además, el diplomático criticó la reunión del Grupo de Lima, donde van a “repartirse Venezuela” con un “plan colonial” diseñado por EEUU y que será presentado por el secretario de Comercio, Wilbur Ross, presente en el encuentro.
Durante su rueda de prensa en la sede neoyorquina de Naciones Unidas, Moncada rechazó el papel de EEUU como “reino mundial que gobierna el mundo sin importar la ONU” debido a un “excepcionalismo” que les permite estar por encima de la ley internacional.
“Nosotros rechazamos esta pesadilla que representa el señor Trump al mundo”, dijo el embajador venezolano, tildando de racista y supremacista al mandatario estadounidense.
Moncada anunció, asimismo, que había remitido dos cartas al secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, y al Consejo de Seguridad, para denunciar las amenazas militares del Gobierno de Estados Unidos y solicitando su intervención.
El envío de las misivas se produjo, sin embargo, antes de la orden ejecutiva de Trump que paralizó los activos venezolanos.
“Todos los bienes e intereses en bienes del Gobierno de Venezuela que se encuentran en Estados Unidos (...) quedan bloqueados y no se pueden transferir, pagar, exportar, retirar o negociar con ellos de otra manera”, determinó Trump en una orden ejecutiva que ya entró en vigor.
El embajador permanente del Gobierno de Maduro condenó además unas declaraciones del asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, en las que rechazaba que hubiera margen para el diálogo.“El señor Bolton no es venezolano. El diálogo es entre venezolanos. ¿Quién es el señor Bolton para meterse?”, se cuestionó, a preguntas de los periodistas.l En la cuna del presidente Andrés Manuel López Obrador, el sureño estado de Tabasco, el congreso local aprobó una ley que, si se hubiera impuesto hace 25 años cuando el hoy presidente de México era un activista social que tomaba pozos petroleros, ¡lo hubiera llevado a 50 años de cárcel!
La cuenta la sacó, cifra tras cifra, la legisladora Kenia López, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, en un acalorado debate que la semana pasada que puso de cabeza al país porque para la oposición al partido Morena, que lidera el congreso de Tabasco, “La Ley Garrote”, viola la libertad de manifestación.
La bautizó con ese mote porque castiga con prisión a quienes bloqueen el paso en vías de comunicación o a empresas públicas y privadas algo que hizo López Obrador hace 23 años en cinco ocasiones.
Pero la Ley Garrote hizo algo más: poner en la discusión pública nacional, una práctica que los congresos de todos los estados vienen haciendo desde hace décadas: manejar las leyes y el presupuesto de sus entidades sin control.
En México hay diputados locales que invaden funciones, hacen uso indebido de recursos públicos, planean mal el gasto o asignan de manera discrecional y sin rendir cuentas, los presupuestos y el capital humano al interior de los congresos estatales, según documentó el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), en su último informe sobre el tema.
“Los diputados locales, un total de 1,124 en el país, rara vez son estudiados y llamados a rendir cuentas”, advirtió Juan Pardinez, director de la organización que realizó
Venezuela denuncia terrorismo económico
el estudio con 4,960 datos verificados para concluir lo que se refleja día a día: los legislativos locales están descontrolados.
En Coahuila, por ejemplo, el congreso local cambió el año pasado la ley orgánica para que los partidos (principalmente el PRI porque nunca ha perdido elecciones en la entidad) pueda modificar, abrogar o aprobar leyes con sólo dos terceras partes y no la mayoría relativa como se requiere en todas las legislaturas.
Los cambios se lograron, a pesar de la polémica, con la aprobación de algunos diputados no priistas, razón