EL ABORTO EN EL SALVADOR
El calvario de la salvadoreña Evelyn Hernández no termina. La joven fue violada en 2016 por un pandillero. Tuvo un aborto espontáneo, pero fue condenada 30 años de prisión por dar a luz un feto muerto. Después de dos años de prisión se suspendió la condena por irregularidades. Pero ahora enfrenta otro juicio.
El Salvador tiene una de las leyes más estrictas del mundo para el aborto. Una modificación del Código Penal de 1998 prohibió la interrupción del embarazo en todas las circunstancias, incluso cuando es consecuencia de violación, incesto o cuando la vida de la embarazada corre peligro. El castigo es de dos a ocho años de prisión. Pero puede llegar hasta 30 y 40 años de prisión cuando el embarazo tiene complicaciones como un aborto espontáneo, como le ocurrió a Hernández.
Ella dice que no se dio cuenta que estaba embarazada hasta que fue a un baño y dio a luz un feto muerto en un hospital. La denunciaron a las autoridades. Según la defensa, la policía contaminó el sitio lo que impidió que se demostrara
la involuntariedad de lo ocurrido. Finalmente se le anuló la condena, para comenzar un nuevo juicio ya no por homicidio intencional sino por omisión.
Hay más de 20 mujeres presas cumpliendo condenas de 30 y 40 años por casos similares a la de Hernández, como homicidas. Son víctimas de una ley diseñada para ensañarse contra la mujer. La presunción es de culpabilidad en vez de ser de inocencia. El cuerpo de la mujer no es de su propiedad. No puede decidir interrumpir el embarazo. Y la sociedad está dispuesta a castigarla incluso cuando no es responsable de lo ocurrido.
Estas mujeres sufren una violación, el trauma de la pérdida del embarazo, la injusticia de la ley y la destrucción de su familia. Un estudio de Amnistía Internacional “Familias separadas, abrazos rotos” muestra las dificultades económicas y los problemas que así se crean.
Los intentos legislativos en El Salvador para permitir que haya excepciones en los casos de violación, incesto o cuando la vida de la madre peligra fracasaron en numerosas ocasiones; la oposición de la Iglesia Católica y su influencia son muy fuertes.
Esta ley y su aplicación son actos de hostilidad contra las mujeres. Hasta mientras se buscaba despenalizar el aborto, se proponía al mismo tiempo elevar el castigo hasta los 50 años de prisión.
Es urgente que se indulte a todas las mujeres presas por este motivo. Es necesario cambiar la legislación. Lo ideal es darle el control total a la mujer de su sistema reproductivo. Muchas mujeres, en El Salvador y todo el mundo, mueren por las malas condiciones del aborto clandestino cuando es prohibido.
Desde hace años, Naciones Unidas y la comunidad internacional demandan que El Salvador legalice el aborto y agilice su despenalización.
Por lo menos debe respetar a la mujer, permitiéndoles inmediatamente la opción del aborto en circunstancias especiales como ocurre en la inmensa mayoría del mundo.•