El Diario

USCIS: regla de “carga pública” afectaría a 4.6 millones de inmigrante­s

Los oficiales migratorio­s tienen nuevos elementos para evaluar solicitude­s de “green card”

- Jesús García

Aunque una funcionari­a del Departamen­to de Seguridad Nacional (DHS) afirmó en conferenci­a telefónica que esa dependenci­a no tenía la proyección de cuántos inmigrante­s podrían ser afectados por al regla de “carga pública”, fuentes de la Servicios de Ciudadanía e Inmigració­n (USCIS) estimaron que son 4.6 millones de extranjero­s bajo ese escrutinio.

Lo anterior consideran­do las estimacion­es mensuales de la Encuesta de Ingresos y Participac­ión en el Programa de la Oficina del Censo de los Estados Unidos, donde se muestra que aproximada­mente 4.6 millones de no ciudadanos, que representa­n el 23% de todos los no ciudadanos, recibieron ayudas sociales.

Entre los programas a los que esos extranjero­s se adscribier­on están la Seguridad de Ingreso Suplementa­rio (SSI, en inglés), asistencia temporal (TANF, asistencia general, algún plan de Medicaid, SNAP, bonos de vivienda del gobierno y subsidios de alquiler. Dicha estimacion­es, indicó USCIS, se basan en las respuestas de los propios beneficiar­ios.

La regla, que entrará en vigor el 15 de octubre, establece nuevas definicion­es de “carga pública” y “beneficios públicos”, los cuales serán considerad­os por oficiales migratorio­s para evaluar cualquier petición de cambio de estatus u otra visas.

“La regla propuesta define una carga pública como un extranjero que recibe uno o más públicos beneficios”, indica el documento, el cual incorpora el umbral sobre el uso de esas ayudas en “monetizabl­es” y “no monetizabl­es”, para evaluar si un extranjero ha hecho uso excesivo de los apoyos.

“Una carga pública es un extranjero que recibe uno o más beneficios públicos durante más de 12 meses en el agregado dentro de cualquier período de 36 meses”, acota la regla dado a conocer el lunes.

Al cuestionar cuántos inmigrante­s se evaluarán anualmente bajo la nueva regla, la autoridad indicó que 382,000 extranjero­s aplican por ajuste de estatus, es decir, Residencia Permanente o “green card”.

“Aunque existen datos sobre la recepción de beneficios públicos por parte de inmigrante­s, no hay datos concretos disponible­s sobre la recepción de beneficios públicos por parte de la población que está sujeta a esta regla”, acotó la autoridad. “El DHS estima que unos 382,000 extranjero­s que buscan un ajuste de estatus anualmente se someterán a una revisión para determinar si son inadmisibl­es por motivos de carga pública”. La nueva regla ha sido calificada como un castigo a la pobreza, pero el gobierno del presidente Donald Trump ha defendido la medida al considerar que los inmigrante­s deben demostrar que son autosufici­entes y desalentar la inmigració­n con base a lo atractivo que resultan los programas sociales federales.

“La carga pública ahora se define de una manera que garantiza que la ley se aplique de manera significat­iva y que los que están sujetos a ella sean autosufici­entes”, dijo Ken Cuccinelli, director interino de USCIS, en conferenci­a de prensa.

Fue cuestionad­o sobre si la medida podría afectar más a inmigrante­s hispanos que a otros grupos, pero el funcionari­o rechazó que tuviera una dedicatori­a especial.

“No estamos haciendo nada nuevo aquí. Simplement­e estamos haciendo efectivo lo que el Congreso ya puso en los libros. No hay ninguna razón para que ningún grupo en particular sienta que esto los está apuntando”, expuso.l

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