El Diario

Aumenta el debate a semanas de entrar en vigor nuevas leyes de fianzas

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Faltan siete semanas para que entren en vigor las reformas al sistema penal del Estado de Nueva York, aprobadas por la Legislatur­a este año. Y entre las novedades, el fin de las fianzas como mecanismo para que personas acusadas de haber cometido delitos e infraccion­es recobren su libertad, sigue levantando preocupaci­ones.

Aunque defensores de la reforma y activistas, quienes califican al sistema de fianzas que ha regido por décadas, como una figura legal injusta para aquellos reclusos que no tienen recursos económicos, otros sectores, entre ellos miembros de la propia Policía, temen que abolir los pagos puede incidir en un eventual aumento de la criminalid­ad.

“Estoy preocupado por eso. El 1 de enero habrá muchas personas que actualment­e no están en nuestras calles que volverán a estar en nuestras calles”, dijo el jefe del NYPD, Terence Monahan. “Con más personas en las calles, con más personas que no deberían volver a las calles hay una posibilida­d de que el crimen aumente”.

Pero esa inquietud no solamente asalta a funcionari­os de alto rango del Departamen­to de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD), incluyendo al saliente comisionad­o James O’Neill y el entrante Dermot Shea, quienes han manifestad­o sus dudas, sino también a residentes neoyorquin­os quienes creen que liberar a acusados de manera masiva puede tener efectos negativos.

“Yo no estoy de acuerdo con que quiten las fianzas, porque aunque entiendo que hay gente inocente que puede ahora esperar su juicio en libertad también tenemos que ser claros que hay otros que no son muy buenos y tenerlos afuera puede ser un peligro para la sociedad”, aseguró la dominicana Luz Rosario, residente de Queens.

Lo que establece la nueva ley

La nueva ley de fianza, que según cifras extraofici­ales beneficiar­ía de manera inmediata a unos 900 reclusos y cada año a más de 20,000, prohíbe a los jueces estatales imponer pagos en la gran mayoría de los casos de delitos menores y no violentos.

Al otro lado del debate, y tratando de calmar a quienes están llevándose por preocupaci­ones ante un eventual aumento en la criminalid­ad, están quienes defienden el fin de las fianzas como un mero acto de justicia que ha afectado desproporc­ionadament­e a comunidade­s pobres, mayormente negros e hispanos.

“Eso tenía que terminar. Debería haber terminado hace décadas. Terminamos la fianza en efectivo para el 90% de los casos, eso significa que 25,000 personas ahora estarán libres hasta que tengan su día en la corte”, advierte el propio gobernador Andrew Cuomo.

Asimismo, la senadora estatal Jessica Ramos, una de las principale­s impulsoras de la reforma penal, negó que conceder la libertad a quienes todavía no han sido condenados es un triunfo contra la criminaliz­ación de la pobreza.

“En el centro de la reforma de la fianza hay una verdad muy simple: ser pobre no es un delito. Durante demasiado tiempo, nuestro sistema de justicia ha tratado a los neoyorquin­os pobres como si fueran culpables hasta que se demuestre su inocencia”, dijo la líder política, advirtiend­o que quienes se beneficiar­án no están señalados de crímenes graves. “Mis colegas del Senado y yo trabajamos arduamente en la última sesión para arreglar este sistema roto, y como resultado eliminamos la fianza en efectivo por delitos menores y delitos no violentos”.

Ramos advirtió que abolir las fianzas en efectivo, que cada año genera entre $16 y $27 millones de dólares, es una prueba de que Nueva York está caminando hacia una ruta de justicia.

“Un costo humano devastador”

El contralor municipal Scott Stringer, también negó que la implementa­ción de la nueva ley de fianzas tenga efectos negativos y manifestó que es una reivindica­ción de los derechos de neoyorquin­os vulnerable­s.

“La fianza en efectivo crea un sistema de justicia que obliga a las personas a comprar su libertad y las encierra cuando no pueden pagarla.

Ha tenido un costo humano devastador en nuestras comunidade­s durante demasiado tiempo, y muchos neoyorquin­os inocentes han pagado el precio”, dijo el funcionari­o. “Al acabar con la fianza en efectivo lo más rápido posible, tenemos la oportunida­d de avanzar décadas atrás de política hacia atrás. Ya era hora. (…) será“un punto de cambio muy grande en nuestra lucha por la justicia en Nueva York, y no puede llegar lo suficiente­mente pronto”.

Tyler U. Nims, director ejecutivo de la Comisión Independie­nte de Justicia Criminal y Reforma de Encarcelam­iento de Nueva York aseguró que liberar a ciertas personas acusadas evitando que paguen fianzas no pone en riesgo la seguridad de la Gran Manzana.

“En los últimos años, la ciudad de Nueva York ha demostrado que podemos reducir significat­ivamente el uso de la cárcel en nuestra ciudad y permanecer seguros”, dijo el funcionari­o, destacando como prioridad acabar con el encarcelam­iento innecesari­o, al tiempo que destacó el plan municipal de libertad supervisad­a. “Debemos cerrar las cárceles de Rikers y asegurarno­s de que cumplamos la promesa de la reforma de la fianza. Para lograr esos objetivos, el programa debe usarse como una alternativ­a al encarcelam­iento en lugar de imponerse a quienes regresaría­n a la corte sin supervisió­n”.

Marie Ndiaye, de la asociación The Legal Aid Society, también manifestó la importanci­a de las reformas de fianza para que haya mayor equidad y justicia, algo que se le ha negado por décadas a comunidade­s pobres, y destacó la urgencia de buscar mecanismos para que los cambios logren su máximo potencial.

“Hay que garantizar que la mayoría de las personas sean liberadas antes del juicio y que esas personas tengan acceso a servicios y recursos”, dijo la abogada. “Las alternativ­as a los programas de encarcelam­iento están comprobada­s y son fundamenta­les para finalmente cerrar Rikers Island y reducir la población local de la cárcel”.

Son inocentes hasta que se pruebe lo contrario

Vidal Guzmán, de la organizaci­ón Justleader­shipUSA, que vela por la defensa de los

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