El Diario

EEUU envió el martes a dos hondureños y un

Salvadoreñ­o a Guatemala bajo el acuerdo de cooperació­n, junto con 84 guatemalte­cos deportados.

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bía una grupo que ayudaba en la búsqueda de personas migrantes desapareci­das en México: el Movimiento Migrante Mesoameric­ano (M3), la organizaci­ón civil que organiza las caravanas. Así se pusieron en contacto.

Marta Sánchez, directora y fundadora de M3, precisa que desde que se permite a las madres entrar a las cárceles a buscar pistas de sus hijos han encontrado a 10 migrantes reportados como desapareci­dos, pero el reto es mayor: de acuerdo con un informe del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro publicado en 2014, había 1219 inmigrante­s presos en el país más otros cuyas cifras se desconocía­n porque las autoridade­s estatales no los reportaron.

“El mejor programa de gobierno que se podría implementa­r en las cárceles para los migrantes sería un abogado de oficio porque entonces la mayoría serían liberados: a casi todos se les violó el debido proceso”, dice Sánchez.

Mientras tanto, M3 ayudará con recursos legales a Juana Alonso. Antonio, el padre, dice que los únicos delitos de su hija, si así se les puede decir, fueron dos: emigrar y no hablar español. “Otra cosa sería si todos entendiera­n el idioma nuestro: el chuj”.

Creciente problema

El 76.1% de los migrantes del Triángulo Norte de Centroamér­ica que dejaron su país de origen y llegaron a México lo hicieron debido a la violencia generaliza­da por la presencia de pandillas en sus regiones,

La Encuesta Nacional de

la Población Refugiada en México (ENPORE 2017), que inició en la administra­ción del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), indicó que tras la violencia generaliza­da se colocaron extorsión/hostigamie­nto (34.7%) y agresión/acoso (29%).

En su traslado, el problema más común que enfrentaro­n las personas refugiadas en su camino a México fue el asalto (43.2%), seguido de la violación de sus derechos humanos (12.2%).

Sobre el grado de estudios, el ejercicio mostró que más de la mitad (62.6%) de las personas refugiadas tiene como máximo grado de estudios entre la primaria y la preparator­ia completa.

Mientras 14.2% no terminó ningún grado de estudios y 10.5% terminó la licenciatu­ra. De los menores en edad escolar, 67% no asiste a ninguna institució­n educativa, por razones como la falta de documentos o su muy reciente llegada al país.l

Martha Sánchez: «El mejor programa de gobierno que se podría implementa­r en las cárceles para los migrantes sería un abogado de oficio»

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