La agencia acusa a gobiernos de proteger a criminales
La Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) intensifica su cruzada nacional contra ciudades santuario, a fin de tener acceso a inmigrantes detenidos por autoridades locales, al considerar que, “en muchos de los casos”, representan una seria amenaza para las comunidades.
La principal estrategia de la agencia dirigida en interinato por Matthew Albence es demandar a las autoridades locales, como ya ha ocurrido con las ciudades de Denver y Nueva York, a fin de que colaboren en la entrega de inmigrantes indocumentados que hayan cometido delitos y estén bajo custodia.
La agencia presiona para que en menos de 48 horas, las autoridades locales informen de la captura de algún extranjero por cualquier delito, a fin de que se llene el Formulario I-247A, correspondiente a una solicitud de retención de esa persona, para su proceso de deportación.
Sin embargo, ICE enfrenta dificultades en condados, ciudades y estados santuario, como en California, Illinois, Nueva York, Tennessee, Louisiana, Colorado, Minnesota, Georgia, Ohio.
La agencia incluso dio a conocer un reporte con las fotografías de los “más buscados” acusados de diversos delitos, pero fueron liberados en comunidades de esos estados.
Un reciente caso puesto como ejemplo para facilitar la cooperación fue el abuso sexual y asesinato de la dominicana María Fuertes, de 92 años, en Richmond Hill, Nueva York. La agencia migratoria acusa al NYPD de
haber liberado al acusado, Reeaz Khan, 21 años, originario de Guyana, quien había sido detenido por asalto y posesión de arma en noviembre pasado. Khan fue
arrestado el 10 de enero y está acusado de asesinato, abuso sexual, contacto por compulsión forzada y abuso sexual contra una persona incapaz de consentimiento.
ICE afirma que el 46% de los extranjeros que cometieron un delito y son liberados en sus comunidades son reincidentes.
“Cuando las jurisdicciones
fallan en honrar a un retenedor de ICE, se arriesga tanto la seguridad pública como de los oficiales, y gasta innecesariamente los recursos”, acusa.
‘La Migra’ indica que las leyes, ordenanzas o políticas estatales o locales “restringen o prohíben la cooperación con ICE”, pero que otros casos –sin dar ejemplos– las jurisdicciones “se niegan incluso a notificar oportunamente” sobre la liberación de un extranjero.
Ante el problema que enfrenta con autoridades locales, la oficina migratoria advierte que aumentará la presencia de sus oficiales en comunidades santuario.
“En lugar de que se lleven a cabo acciones de cumpli