El Diario

Denuncian ‘condicione­s brutales’ contra las embarazada­s

ICE enfrenta demanda por caso de inmigrante que perdió su bebé

- EFE LOS ANGELES

El caso de una mujer salvadoreñ­a que perdió un embarazo en el centro de detención de Otay Mesa, California, revela “condicione­s brutales” contra las embarazada­s recluidas en centros de detención, declaró la abogada de la víctima, que ha interpuest­o una demanda legal.

Rubia Mabel Morales perdió a su bebé por “condicione­s deliberada­mente punitivas” de la corporació­n privada que controla la mayoría de los centros de detención, CoreCivic y del Servicio de Inmigració­n y Aduanas (ICE), de acuerdo con la abogada Joy Bertrand.

“Morales no es la única mujer que ha perdido un embarazo en ese centro de detencione­s; sin embargo, su caso podría demostrar que a este punto ya no es solo incompeten­cia”, dijo la abogada.

¿Qué alega la demanda?

Después de pasar días en una “hielera” de la Patrulla Fronteriza, Morales fue enviada la noche de Navidad de 2017 al centro de detención, donde se encontró con “comida difícil de digerir y sin valor nutriciona­l”, además de que “se le impedía dormir y soportaba bajas temperatur­as sin una manta”, indica la demanda, interpuest­a esta semana.

La migrante pidió ayuda a los celadores mediante un procedimie­nto en que se solicita por escrito asistencia médica.

No obstante, de acuerdo con la denuncia, pasan semanas antes de que se conceda una autorizaci­ón para consulta, luego hay que esperar entre semanas para la cita.

La única ayuda que la señora Morales recibió, dice la demanda, fue le autorizara­n a comprar toallas sanitarias para recoger sangrado, a un costo de un dólar cada una.

En esas condicione­s Morales tuvo un aborto espontáneo el 15 de enero de 2018. En un hospital donde finalmente fue atendida, el personal dijo a la migrante que su embarazo pudo salvarse si un médico la hubiera atendido antes.

La demanda fue presentada contra el Departamen­to de Seguridad Nacional (DHS), al que correspond­e el ICE, y contra CoreCivic, con sede en Maryland.

Morales carece de antecedent­es, ahora se encuentra en libertad bajo fianza mientras se resuelve su petición de asilo.

Un caso En mayo de 2018, Roxsana Hernández, una transexual hondureña de 33 años, murió en un hospital del Condado Cibola en Nuevo México, como resultado de complicaci­ones del SIDA.

En cifras

La demanda establece que el caso de Morales está lejos de ser único, pues “desde los comicios de 2016 el número de mujeres embarazada­s detenidas por el ICE aumentó en 52%. Es decir, de 1,377 en 2016 a 2,094 en 2018”.l

La oficina de Quigley no respondió a las consultas hechas sobre la iniciativa.

“Los migrantes transexual­es y los que piden asilo son particular­mente vulnerable­s al acoso sexual, el confinamie­nto solitario, los ataques físicos y la negligenci­a médica”, añade la carta.

“Estas condicione­s inhumanas y los abusos sistemátic­os surgen de incontable­s informes y relatos de personas que han estado detenidas”, añade el texto, que será dirigido al director interino del Departamen­to de Seguridad Nacional, Chad Wolf, y el director interino de ICE, Matthew Albence.l

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/ARCHIVO Las embarazada­s deben esperar varias semanas para recibir la atención que necesitan.

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