A partir de ahora los inmigrantes serán evaluados con mayor rigor al solicitar su “green card”
La regla final de “carga pública” es compleja de entender en todo sus detalles, incluso por abogados migratorios, sobre todo porque cada caso de aplicación Residencia Permanente, extensión de visas y admisibilidad es único.
Así lo dejaron ver varios abogados consultados por este diario durante las diversas etapas de actualización de la regla impulsada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), desde que fue dada a conocer el 14 de agosto de 2019.
Lynn Neugerbauer, abogada supervisora y de defensa de deportación de Servicios Católicos de Inmigración (CMS); Nina R. McDermott, abogada gerente de la Línea de Ayuda de Catholic Charities Community Services y Dan Smulian, abogado senior de la misma organización, y el Dr. Nelson Castillo, coinciden en que la evaluación de la situación de cada inmigrante es única y por ello es importante pedir asesoría.
Destacan dos aspectos: los llamados bonos de “carga pública” (o puntos negativos) y la discrecionalidad de los funcionarios migratorios al momento de evaluar las aplicaciones.
En el primer caso, el mayor cambio es considerar a un extranjero como una carga para las finanzas del Gobierno cuando sume 12 meses de recibir ayudas públicas en un periodo de tres años. La autoridad también separa esos beneficios como monetarios y en especie.
“La regla final define los ‘beneficios públicos’ para incluir cualquier ayuda en efectivo para el mantenimiento de ingresos, ingresos de seguridad suplementarios, asistencia temporal para familias necesitadas, programa de asistencia nutricional suplementaria, la mayoría de las formas de Medicaid y ciertos programas de vivienda”, confirma el DHS.
Los inmigrantes prácticamente deben “jurar” que no se convertirán en una “carga pública”, lo cual harán al presentar el Formulario I-944, Declaración de Autosuficiencia, cuando envíen su Formulario I-485, Solicitud de Registro de Residencia Permanente o Ajuste de Estatus.
Ken Cuccinelli, subsecretario interino del DHS, defendió la política –también aplicable en Illinois tras una decisión de la Corte Suprema– del presidente Donald Trump, afirmando que es parte de sus promesas de campaña, para hacer cumplir las leyes de inmigración estadounidenses.
“Esta regla hace cumplir una ley de hace mucho tiempo que exige que los extranjeros sean autosuficientes, reafirmando los ideales estadounidenses de trabajo duro, perseverancia y determinación”, dijo el funcionario. “También ofrece claridad y expectativas a los extranjeros que estén considerando vivir en los Estados Unidos y ayudará a proteger nuestros programas de beneficios públicos”.
Aunque los oficiales que evalúen las aplicaciones de Residencia Permanente y tengan discrecionalidad para tomar una decisión, eso no significa que pueden obviar los aspectos positivos de un inmigrante.
“Ellos (oficiales de USCIS) estarán analizando cada pequeña pieza (de información)”, precisó McDermott. “No tomen decisiones sin evaluar las opciones, consulten abogados o expertos migratorios de confianza. Cada caso es diferente”.
Los “bonos”
USCIS ha destacado que la regla final también aborda la autoridad de sus oficiales “para emitir bonos de carga pública” durante el ajuste de estatus, se trata de varios elementos que se sumarán a su evaluación para determinar si son factibles de recibir la Residencia Permanente o su extensión de visa.
Los abogados confirmaron que las evaluaciones no son “blanco y negro” y dependerán de cada caso.
“Un excelente abogado de inmigración que tiene licencia y experiencia le puede ayudar a un inmigrante a guiarlo, a entender sus opciones migratorias que pudieran ser inmediatas o a veces a largo plazo”, indicó el Dr. Castillo.l