La Corte Suprema prohíbe a inmigrantes reclamar daños por tiroteos que impliquen a la Patrulla Fronteriza
Los jueces fallan en contra de familia de joven que murió baleado en la frontera sur
La familia del adolescente mexicano que murió de un disparo realizado por un agente de la Patrulla Fronteriza en la frontera sur, no podrá reclamar daños, decidió la Corte Suprema.
La votación de los jueces fue 5-4 para rechazar que Jesús C. Hernández, el padre del adolescente, reciba compensación alguna bajo la regla de 1971, Bivens v. Six Unknown Named Agents, la cual permite a las víctimas o sus familias obtener compensate si sus derechos constitucionales fueron violados por oficiales federales y no hay un remedio legal viable.
El fallo es una gran victoria para la oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP), de la que forma parte la Patrulla Fronteriza, que argumentó que no debería permitirse que el caso avance.
En 2010, Sergio Hernández, un mexicano de 15 años, jugaba con amigos en una alcantarilla de cemento que separa El Paso, Texas, de Ciudad Juárez, México, cuando recibió un disparo del agentiene Jesus Mesa Jr. La familia del menor acusó que fue con alevosía desde territorio estadounidense.
Esto hará más difícil que víctimas o sus familiares puedan demandar a funcionarios federales cuando consideren que han violado sus derechos constitucionales.
“La agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de EEUU es responsable de evitar la entrada ilegal de personas y mercancías peligrosas a los Estados Unidos, y la conducta de sus agentes posicionados en la frontera una conexión fuerte y clara con la seguridad nacional”, consideró el juez Samuel Alito en su opinión, la cual fue respaldada por todos los jueces conservadores, contra el voto de los liberales. “Un tiroteo transfronterizo afecta los intereses de dos países y, como sucedió aquí, puede conducir al desacuerdo. No corresponde a este Tribunal arbitrar entre EEUU y México, que tienen intereses importantes en juego y han tratado de conciliar esos intereses a través de la diplomacia”.
El juez Alito reconoce que la posición del Gobierno mexicano sobre este caso ha sido distinta al solicitar la extradición del agente Mesa para ser enjuiciado.
La Corte Suprema no deciciones