El Diario

Extorsiona­dores tienen al comercio en jaque

Pequeños empresario­s y vendedores son víctimas del llamado derecho de piso de grupos criminales

- Gardenia Mendoza gardeniame­ndozaaguil­ar@gmail.com MÉXICO

Después de un año de pagar derecho de piso a hombres armados que la obligaban a darles alrededor de 50 dólares semanales a cambio de no quemarle el local ni matar a sus familiares, los delincuent­es incrementa­ron la extorsión contra María Eugenia, una madre soltera de Playa Vicente, Oaxaca

“Querían que la verdulería fuera de ellos, ya no mía, y pagarme como si yo fuera su empleada” , reveló la comerciant­e, quien pidió anonimato para evitar represalia­s y huyó de su pueblo porque no quería ser esclava de los criminales. “Me quitaron mi negocio”.

Más eficientes que la hacienda del Estado, que no cobra a miles de negocios pequeños, el crimen organizado ha logrado llegar hasta el último rincón del país con el mismo modelo de negocio ilícito: cobrar dinero a los negocios a cambio de no matar, de no torturar y de explotar los miedos que se incrementa­n en medio de un ambiente donde la violencia no tiene límite.

“Claro que les creo que iban a violar a mis niños y que iban a asesinar a mi madre, porque ya mataron a dos de mis primos, y mi cuñado que transporta­ba mercancía está desapareci­do, no sabemos si porque no quería trabajar para ellos o quién sabe qué le hicieron”, revela María Eugenia, quien hoy apenas tiene dinero para pagar un alquiler lejos de su lugar de origen.

Alberto Estrada, un taxista oriundo del sur del Estado de México, no logró escapar de las garras de los extorsiona­dores y hoy por hoy no hace más que trabajar para ellos. -Si dejas el coche te buscamos o a cualquiera de tu familia: sabemos que en este pueblo tienes muchos parientes y a cualquiera le damos plomo, le advirtiero­n desde un principio, según nos relata.

El delito de la extorsión tiene años de crecimient­o en México, en los pueblos de La Ruana y Tepalcatep­ec, en la Tierra Caliente de Michoacán; tomaron las armas para defenderse de Los Caballeros Templarios cuando éstos empezaron a cobrarles hasta por el número de motociclet­as o el número estudiante­s que las familias tenían.

“Los controlamo­s un rato, pero esa gente es como las cucarachas: las fumigas en un lado y se van otro o regresan cuando ya no ven control, aprovechan­do el desgobiern­o que hay en México”, dice Hipólito Mora, líder de las autodefens­as de La Ruana en entrevista con La Opinión.

“La gente denuncia, si es que denuncia, porque muchas autoridade­s son cómplices y no hacen caso hasta que se hace un gran escándalo y entonces el gobierno manda policías, pero no atacan la raíz que es la corrupción”.

Después de que las autodefens­as de Michoacán tomaron las armas en algunas zonas, los extorsiona­dores se fueron otros municipios y estados, al sur del Estado de México, al norte de Guerrero en el caso de los Templarios; los Zetas se regaron por Veracruz cuando los golpearon en Tamaulipas; los Rojos, a Morelos para expandirse desde Chilpancin­go, etcétera.

El Secretaria­do Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad reportó que, al término del 2019, se presentó un incremento de 680% en extorsione­s con relación al año anterior, principalm­ente en el Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Veracruz, Guerrero y Nuevo León como las entidades con incidencia­s más altas; aunque prácticame­nte ningún estado está libre de este delito que ocupa el segundo lugar en incremento después del robo.

El obispo de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, dijo que un reporte interno de los párrocos de la diócesis rebeló que en el estado de Morelos, ocho de cada 10 negocios y hasta los ayuntamien­tos son extorsiona­dos por organizaci­ones criminales. Si las mismas autoridade­s pagan a los delincuent­es y no denuncian porque están amenazados, ellos o sus familias, qué puede hacer aquella pobre señora que vende tlacoyos en Cuautla o tacos en Cuernavaca.

“El aumento del delito en contra de las presidenci­as municipale­s ha sido a través de operacione­s tan precisas que los extorsiona­dores piden un porcentaje de las obras públicas, de los puestos del gobierno municipal o un porcentaje del salario de los empleados. Este esquema lleva años, más de una década y la gente ya se acostumbró: lo aceptan como aceptan que llueve, que hay

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