Supremo permite a Trump seguir con el programa “Permanezcan en México”
El Tribunal Supremo decidió ayer que el Gobierno del presidente Donald Trump pueda seguir implementando por ahora el programa “Permanezcan en México”, mientras continúa el litigio sobre la polémica medida.
El fallo mantiene en pie esa política que obliga a los indocumentados que solicitan asilo en la frontera sur de EEUU a esperar en México a que se tramiten sus peticiones.
La jueza hispana Sonia Sotomayor fue la única que se pronunció en contra de mantener vivo temporalmente el programa, en una decisión que no entra a valorar el fondo ni la constitucionalidad de la política del Gobierno de Trump.
El pasado jueves, el tribunal de apelaciones del Noveno Circuito, con sede en San Francisco, ordenó el bloqueo de “Permanezcan en México”, aunque unas horas después suspendió temporalmente su propia orden para dar tiempo al Ejecutivo a responder.
El Gobierno de Trump recurrió entonces al Supremo, cuya decisión impide la entrada en vigor del bloqueo parcial del programa, que según lo dispuesto por la corte californiana, iba a dejar de aplicarse este jueves en California y Arizona, los dos estados fronterizos sobre los que tiene jurisdicción el Noveno Circuito.
El Departamento de Justique cia alegó ante el Supremo que bloquear el programa crearía problemas de “seguridad nacional y pública”, porque “más de 25.000 extranjeros que ahora están esperando en México se apresurarían inmediatamente a entrar en Estados Unidos”.
“Una oleada de esa magnitud impondría una carga extraordinaria a Estados Unidos y dañaría nuestras relaciones diplomáticas con el Gobierno de México”, alertó el abogado del Gobierno, Noel Francisco, en su petición al Supremo.
La solicitud sobre la que se pronunció este miércoles el Supremo no era un recurso a la decisión del tribunal de apelaciones acerca de la legalidad del programa, sino una petición de intervenir urgentemente para que no entrara en vigor el bloqueo parcial de la medida en California y Arizona.
El Gobierno de Trump tiene ahora la opción de apelar formalmente la decisión de la corte, lo que probablemente desembocaría en una decisión del Supremo sobre la legalidad del programa.
La política, cuyo nombre oficial es Protocolo de Protección a Migrantes, comenzó a aplicarse a comienzos del año pasado en algunos puntos de la frontera con México y se expandió a partir de junio.
Al menos 816 casos de asesinato, torturas, violación, secuestro y otros ataques contra las personas acogidas a este programa, mientras esperaban en México la resolución de sus expedientes.l