“Tu información está protegida”
El Censo arranca con el envío de invitaciones a millones de hogares
Más de 140 millones de hogares comenzaron a recibir esta semana los formularios del Censo 2020, envuelto en la sombra por el intento del Gobierno del presidente Donald Trump de incluir una pregunta sobre ciudadanía y el temor a que se usen los datos en la campaña antiinmigrante del republicano.
Políticos, dirigentes comunitarios y activistas latinos han hecho esfuerzos durante meses para alentar a la población hispana a que participe y sea contada, enfatizando que la ley protege la confidencialidad de los datos y que esa información no será utilizada por otras agencias del gobierno.
“Es tu poder, es tu voz en tu comunidad local”, subrayó en rueda de prensa Stephen Buckner, subdirector de Comunicaciones de la Oficina del Censo, que afirma que de estos datos dependen unos $675,000 millones de dólares al año en recursos federales que se destinan a salud, educación y otros rubros.
Los resultados del Censo servirán además para definir el peso de los estados en el Congreso federal y en el Colegio Electoral, que finalmente es el órgano que elige al presidente de los EEUU.
La importancia de que todos los hispanos sean contados se refleja además en un presupuesto de 50 millones de dólares para la campaña publicitaria para esta minoría, el 20.5 % del total de la partida, según explicó a Efe Carlos Alcázar, cofundador de Culture ONE World, la empresa a cargo de llegar a la comunidad latina.
Con frases como “Soy cada latino que cuenta en el país”, “Tu información está protegida” y “No se puede compartir con la migra”, los mensajes institucionales de televisión, digitales, impresos y de vallas publicitarias buscan no solo mostrar la diversidad de los hispanos sino la “confidencialidad” que implica el procedimiento gubernamental.
Aunque los datos del censo que identifican a las personas no pueden ser hechos públicos hasta 72 años después, ya en el pasado se compartieron con otras agencias federales.
En 1942, poco después de entrar en la II Guerra Mundial, el Gobierno de EE.UU. autoriAnte zó a que se divulgasen datos que llevaron a que decenas de miles estadounidenses de origen japonés fuesen internados en campos de concentración.
la desconfianza entre la población indocumentada y sus familias, que temen que su estatus migratorio, direcciones de vivienda y otros datos personales lleguen a otras agencias federales, especialmente de inmigración, la Oficina del Censo insiste en que no hay nada que temer.
Compartir esos datos sería un crimen multado con hasta $250,000 dólares y conlleva incluso hasta 5 años prisión porque está prohibido por la ley, explicó a Efe Erika Becker-Medina, jefa de la Oficina de Coordinación de Comunicaciones del Censo para los hispanos.
Pero la duda está ahí, sobre todo si se tiene en cuenta que el Tribunal Supremo de Justicia rechazó el intento del Gobierno Trump de incluir en el formulario la pregunta sobre la ciudadanía de las personas contadas, una búsqueda de datos que preocupaba a millones