Eliminación de la ley 50-a empieza a derribar el muro del secretismo policial
Esta misma semana, el gobernador Cuomo podría promulgar la legislación aprobada por la Legislatura Estatal, que hace públicos los registros de conducta de los uniformados
que surgieron en todo el país tras la muerte de George Floyd.
La Asamblea y el Senado estatal también aprobaron un proyecto de ley que prohíbe el uso de estrangulamientos, mientras se realizan arrestos, después de dos semanas de protestas contra la brutalidad policial.
“Derribamos el muro del secreto policial”
El senador Jamaal Bailey de El Bronx, patrocinador del proyecto de ley, interpretó que la prueba de un video que permitió ver en vivo el asesinato de George Floyd a manos de policías en Minneapolis, hizo “despertar la conciencia del país”.
Entre tanto, la senadora Julia Salazar, del Distrito 18 de Brooklyn, razonó que el estatuto de secreto policial ha sido una amenaza para la seguridad pública, durante demasiado tiempo.
“Esta derogación es una victoria que los defensores han estado luchando durante años, y es un paso crítico para cambiar significativamente la policía en Nueva York”, dijo la legisladora.
El avance de esta normativa, ha sido parte también parte de la cruzada de Gwen Carr, Valerie Bell y Constance Malcolm, madres cuyos hijos perdieron la vida en manos de oficiales del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD).
“Deberíamos saber de primera mano cuando matan a nuestros seres queridos. Deberíamos saber quién lo hizo, por qué lo hicieron, y conocer todos los detalles.
Pero esto está oculto debido a 50-a”, dijo insistentemente en varias audiencias preliminares Gwen Carr, la madre de Eric Garner, quien murió en medio de una detención por un efectivo de NYPD en 2014.
“Estamos derribando el muro del secreto que ha estado protegiendo a los agentes en todo el estado”, dijo Constance Malcolm, madre del difunto Ramarley Graham, que estaba desarmado cuando un oficial de NYPD lo mató a tiros en el baño de su departamento en 2012.
“La violencia aumenta”
Pero en el seno de las instituciones afectadas, ya hay reacciones adversas a la derogación del decreto. El presidente de la Unión de Oficiales de las Correccionales