Encerrados con el coronavirus en las cárceles mexicanas
Los reclusorios son una bomba de tiempo en la pandemia, aseguran varios analistas
A los hermanos Abraham y Gemán López Montejo, presos en el reclusorio de San Cristóbal número 5 en Chiapas, no les quedó otra que ponerse en huelga de hambre. Los siguió Adrián Gómez, otro recluso que junto a ellos durante dos semanas sólo ha comido miel. Los tres tienen dolor de cabeza, estómago y mareos, que se suman a posibles síntomas de Covid-19.
“Nos hicieron la prueba y no nos han dado los resultados”, advirtieron.
Los presos del lugar sienten que la muerte les ronda y, desesperados, acudieron al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), la organización que los ha asesorado en su caso porque los considera presos políticos sentenciados injustamente a 50 años de prisión.
La pelea es mortal y sin armas, afirma Abraham López: “no nos dan medicinas, no hay atención médica o suero para evitar la deshidratación”.
El peso de un malogrado sistema penitenciario en México cayó sobre decenas de miles de reos. Frente a la emergencia sanitaria que lleva las prioridades hacia otros focos, las cárceles son actualmente “una bomba de tiempo en la pandemia”, como aseguran algunos analistas.
La Comision Nacional de derechos humanos reportó en los primeros días del presente mes que el COVID-19 se había filtrado en 35 cárceles y ha dejado 59 muertos, 395 casos confirmados y 232 más sospechosos y manifestó su preocupación por el índice de letalidad del COVID-19 en las prisiones, en comparación a los datos nacionales reportados.
La organización civil Así Legal, que promueve la defensa de derechos humanos en grupos vulnerables, calcula que la cifra de contagios es mayor debido a la falta de aplicación de pruebas entre los reos, quienes han tenido que recurrir a todo tipo de estrategias por la desesperación de contagiarse y ser contagiados.
El Consejo de la Judicatura Federal dio cuenta hace poco de un amparo inusitado interpuesto a favor de 446 internos del complejo carcelario de Puente Grande, Jalisco, uno de los reclusorios de alta seguridad del país, que presentaron síntomas de coronavirus y las autoridades no han querido someterlos a un análisis.
A principios de mayo en ese penal murió por COVID-19 Moisés Escamilla “El Gordo May”, un líder del cártel de Los Zetas que había sido condenado por la decapitación de 12 personas y purgaba una pena de 37 años por delincuencia organizada y portación de armas de fuego de uso exclusivo del ejército.
En Chiapas, los reos del reclusorio 5 en San Cristobal detallan que la falta de aplicación de pruebas es sólo uno de los abusos que sufren los reos que tienen síntomas de COVID-19 a quienes tratan como apestados.
Los hermanos López Montejo expresaron que las autoridades penitenciarias quitaron el sanitario que estaba en el área médica y dejaron uno solamente en el área de encamados, pero lo cierran a partir de las 10 de la noche. “A partir de esa hora ya no podemos hacer nuestras necesidades”.
Viejos problemas
El embiste del coronavirus en las prisiones de México sólo llegó para exacerbar un viejo problema en las cárceles mexicanas que cada año hace evidente el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de la CNDH, un informe que mide las condiciones de los reclusorios en el país, en la que la mayoría presenta deficiencias.
El penal número 5 de San Cristobal de las casas ha recibido una calificación general de 6 de 10 puntos pero también ha sido reprobado en las condiciones para mantener la salud de los enfermos. Aunque cuenta con mobiliario para consultorio, el personal para atender a los enfermos es casi nulo y la atención psicológica, mínima.
Además cobra por dormitorios, por plancha para dormir y por visitas.
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