La Policía guatemalteca detuvo a cuatro sospechosos
De linchar al guía espiritual y médico naturista q’eqchi’ Domingo Choc Che; uno de ellos admitió su participación.
deficiencias son más o menos las mismas y en estos tiempos operan a favor de la pandemia: insuficiencia de personal (72.68%), malas condiciones materiales, equipamiento e higiene de las áreas de dormitorios (62.84%) y deficiente separación entre procesados y sentenciados (55.19%).
Lorena, madre de preso reportó a la organización Asilegal que hace unos días metieron a la celda de su hijo con 25 personas a tres presos que estaban “hirviendo en calentura” —un síntoma del coronavirus— y no les dieron medicamento. Ni siquiera había un doctor”.
Para María Elena Morera presidenta de Causa en Común el problema radica en que “no se aplican los protocolos para enfrentar al COVID-19 en todos los centros penitenciarios y eso hace un relajo que permite los contagios. “Por lo menos en seis prisiones del país aún están permitiendo visitas familiares e íntimas”.
Otro problema es el hacinamiento derivado de una lenta justicia. El hijo de Loena lleva dos años en prisión y aún no se le da sentencia condenatoria. “Antes del covid-19 ya había 76,745 personas en prisión preventiva sin una condena, algunos con más de 10 años en dicha situación”, señaló Asílegal en un comunicado de prensa, donde advierte la gravedad de las cárceles.
La alerta de abusos en medio de la pandemia también incluye prácticas abusivas en negocios con artículos de primera necesidad. Lorena denunció que hace una semana y media, las familias de algunos presos llevaron cloro para desinfectar celdas, pero las autoridades no se los entregaron… ¡y lo pusieron en venta en la tienda de la cárcel!
Activistas piden más liberaciones.
El otro lado de la moneda
Frente a las diversas acusaciones en su contra, las autoridades peniteniarias tienen diversas posturas, aunque la mayoría coincide en que se trata de desorganización y falta de dinero.
Apolonio Armenta, Titular de la Unidad Desconcentrada de Ejecución de Penas y Rein“Nosotros serción Social en el Estado de Coahuila, pone como ejemplo que de las cientos de toneladas de insumos médicos que han arribado a México desde el extranjero, nada se ha compartido con los centros penitenciarios.
“Ni un cubreboca, ni un guante, ni un respirados. Nada. ¿Cómo le hemos hecho para enfrentar la crisis? Pues con los pocos recursos que tenemos, que nosotros mismos con ingenio hemos hecho para la contención de salud”.
Morera, de Causa Común, destaca que, salvo algunas excepciones, las cárceles en México tienen una sobrepoblación de más del 60%, personal de seguridad insuficiente o mal pagado (algunos de ellos ganan 300 dólares mensuales) y con poca preparación.
Romina Alvarez, una mujer que batalla por la liberación de su marido en Chetumal, dijo a que él solo recibe dos comidas al día: un desayuno con dos huevos y después un plato de lentejas.•
tenemos que llevarles alimentos, pero ahora con el coronavirus no permiten las visitas de familiares”, explica.
La restricción le da cierta tranquilidad a Romina porque sabe que es una medida de control para evitar los contagios en la prisión, pero al mismo tiempo siente tristeza porque sabe que su esposo pasa hambre, por lo que cada cada bocado que ella come se convierte en un martirio.
Para amortiguar el golpe de la pandemia en las prisiones y evitar más contagios de coronavirus, las autoridades mexicanas pusieron en marcha una Ley de Amnistía.
Por delitos menores o sentencias a punto de cumplirse, adelantaron la salida de 3,415 reclusos, la mayoría en el Estado de México, donde se concentra la mayor cantidad de presos en el país; así como en la CDMX, Durango, Guerrero, Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca, Chihuahua y en Aguascalientes.
La medida fue apludida por varios activistas por los derechos humanos, aunque consideran que debería ampliarse el catálogo de delitos porque ahora sólo contempla aborto, robo simple sin agravantes ni violencia, delitos contra la salud por pobreza o por autoconsumo, disturbios (a indígenas que acusan al Estado de faltas al debido proceso.
Y eso sólo beneficia a menos del 7% de la población penitenciaria del país.