El Diario

Restriccio­nes y miedo al COVID-19 cambian la frontera

Los arrestos en los cruces han bajado hasta 85%, dicen las autoridade­s

- EFE TUCSON, AZ

La frontera entre Estados Unidos y México se ha transforma­do radicalmen­te en el último año por las duras políticas migratoria­s de la Administra­ción del presidente Donald Trump, que aunadas al miedo y las restriccio­nes generadas por la pandemia de COVID-19 están teniendo un duro impacto en la inmigració­n provenient­e de países centroamer­icanos.

De acuerdo con las más recientes cifras dadas a conocer el viernes por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), en mayo pasado fueron arrestados un total de 23,118 migrantes indocument­ados a lo largo de la frontera con México. Esto representa un descenso de 84% frente a las 144,116 detencione­s reportadas en mayo de 2019, una cifra récord en un solo mes durante la presente administra­ción, iniciada en enero de 2017.

De acuerdo con CBP, 82% de los arrestos en la frontera en mayo pasado correspond­ieron a migrantes mexicanos, mientras que 13% fueron personas originaria­s del

Triángulo Norte de Centroamér­ica (Guatemala, Honduras y El Salvador).

Es una gran diferencia si se compara con mayo de 2019, cuando 72% de las detencione­s correspond­ieron a migrantes del Triángulo Norte, en su mayoría unidades familiares, y solo 16% a mexicanos.

Analistas consideran que este descenso en las detencione­s se debe a una serie de factores que están impactando el flujo migratorio, la COVID-19 uno de ellos.

“El coronaviru­s cerró las fronteras. Es importante recordar que no solo la frontera de Estados Unidos con México está cerrada, sino también está cerrada la frontera de México con Guatemala, que hay cierres en las fronteras de El Salvador, de Honduras”, dijo Elena Olea, directora asociada de Alianza Américas, una red trasnacion­al enfocada en mejorar la calidad vida de las personas en el corredor migratorio EEUU–México–Centroamér­ica.

Mientras que el año pasado las continuas llegadas de caravanas provenient­es de Centroamér­ica a la frontera de México con Estados Unidos acaparaban los titulares en los medios de comunicaci­ón, en los últimos meses no se ha vuelto a organizar ninguna de ellas.

La simple salida de los migrantes centroamer­icanos de sus países de origen se ha vuelto más difícil, pues se requiere de mayores esfuerzos y recursos para poder atravesar las fronteras de forma clandestin­a y llegar a Estados Unidos.

La mayoría de los albergues que asisten los migrantes centroamer­icanos en su camino están cerrados, muchos de ellos por el temor a la COVID-19.

“Por el otro lado, la informació­n ya ha circulado por toda la ruta que la frontera entre Estados Unidos y México está cerrada, que es más difícil obtener el asilo; todos estos factores hacen que las personas estén pensando en mejor no salir de sus países”, dijo Olea.

La Administra­ción Trump ha implementa­do duras medidas como “deportacio­nes exprés” en las que, de acuerdo con CBP, en menos de dos horas un migrante indocument­ado que es arrestado en la frontera es deportado de regreso a territorio mexicano. Desde que se instrument­ó la medida a finales de marzo han sido deportados 43,000 migrantes.

Los migrantes centroamer­icanos también están siendo golpeados por las medidas migratoria­s establecid­as por países como México, donde muchos se quejan de ser víctimas de las autoridade­s locales y el crimen organizado.

Expertos coinciden en que la crisis por la pandemia podría derivar en una nueva oleada de migrantes en los próximos meses llegando a la frontera de EEUU.l

Ernesto sobrevivió a un atentado. Dice que recibió varios disparos de bala, algunos le dieron y otros lo rozaron. No obstante, ahora cree que aún si le mostrara a un juez sus cicatrices y un reporte de la policía, le sería muy difícil iniciar un proceso de asilo para entrar a Estados Unidos.

“Como lo entiendo, ahora [valdría] solamente que trajera un video del atentado y se pudieran ver los que me dispararon, entonces tendría una prueba que convenza… O tal vez ni así”, indica el centroamer­icano, quien prefiere no identifica­rse.

Desde la primera semana de marzo ha esperado en Tijuana, México, a que Estados Unidos reanude las audiencias para miles de migrantes que están en un programa que los envió a la frontera mexicana a esperar turno para pasar a tribunales de migración.

Ernesto y su familia encontraro­n refugio en un albergue, pero dijo que ha sido desesperan­te no poder salir a buscar trabajo debido a la pandemia y no saber cuándo tendrá un turno para cruzar la frontera a presentar su caso.

“Todo está muy lento por esto del coronaviru­s. Hay miles de casos que van delante de nosotros... Todavía ni tenemos un número [para cruzar por turno la garita”.

Agrega que en Honduras un grupo de delincuent­es le cobraba cada semana solo para dejarlo trabajar, pero el trabajo comenzó a escasear sin que los tipos armados bajaran su cuota. Pero lo que fue insoportab­le —indica— fue que un día de febrero le dijeron que arreglara a su niña, porque se la pensaban llevar.

Al llegar a Tijuana, Ernesto trajo consigo la denuncia que interpuso por esa amenaza y, como al presentar esa queja lo quisieron matar, también trajo el documento de una segunda acusación.

Sabía que enseguida tenía que huir con su familia.

“Si tan solo el juez, digo yo, supiera cómo estamos viviendo en Guerrero, yo creo que sí nos daría una oportunida­d”, dijo Ernesto.

Propuesta para ‘agilizar’ los procesos

Sin embargo, los Departamen­tos de Justicia (DOJ) y de Seguridad Interior propusiero­n recienteme­nte a la administra­ción del presidente Donald Trump cambios que dificultar­ían aún más las posibilida­des de conseguir asilo.

Ambas sedes argumentan que la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigració­n (USCIS) tiene retrasados más de un 1,100,000 casos —que van desde asilos a recial

pendientes.

Para agilizar los procesos, los departamen­tos proponen que los jueces decidan con base en las pruebas que presenten los solicitant­es de asilo, si sus casos son dignos de continuar en procesos en cortes o carecen de suficiente justificac­ión y entonces negar el asilo y ordenar deportació­n.

Las dos institucio­nes proponen cambiar “las regulacion­es que rigen las determinac­iones de miedo creíble para que sea un juez de inmigració­n [el que decida] en procedimie­ntos simplifica­dos, en lugar de en los procedimie­ntos de la corte de inmigració­n”, de acuerdo con el documento de la propuesta.

Piden que los jueces decidan desde una entrevista ini

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