Protestas por Floyd logran aprobación de reformas policiales estancadas por años
¿Han servido para algo las protestas en la ciudad de Nueva York por la muerte de George Floyd? La respuesta es un contundente sí.
Tras la muerte de Eric Garner hace casi seis años en Staten Island durante un operativo de arresto policial, han sido innumerables las manifestaciones, ruedas de prensa y exigencias de cambios en la Uniformada, pero ninguna de las propuesta había logrado pasar del debate político. Y no fue sino hasta ahora, después de dos semanas de intensas demostraciones en las calles de la Gran Manzana, al igual que en todo el país, que el Concejo Municipal por fin aprobó un paquete de leyes de reformas policiales destihabía a frenar la brutalidad de oficiales y restablecer la confianza entre las comunidades y las fuerzas del orden.
Las muertes de Garner y Floyd tienen mucho en común: ambos son afroamericanos, fallecieron durante operativos de arrestos llevados a cabo por oficiales de raza blanca, los policías hicieron uso excesivo de la fuerza, uno aplicando una llave de estrangulamiento y el otro colando la rodilla en el cuello. Pero la más trágica de las coincidencias, es que los dos civiles gritaron “no puedo respirar”, antes de morir a manos de los agentes.
Entre el paquete de leyes aprobado el jueves por el Concejo Municipal, y que el alcalde Bill de Blasio prometió que no vetará, destaca precisamente una ley que sido introducida tras la muerte de Garner el 17 de julio del 2014, pero que nunca logró ser votada, y es la que prohíbe a los oficiales del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD), usar la táctica de llave de estrangulamiento para someter a un civil. Aunque ya la Uniformada había prohibido en sus reglas internas ese tipo de acciones, su uso no había sido catalogado como un delito menor como ahora sí lo es gracias a la nueva ley.
“En las últimas semanas, las protestas contra la brutalidad policial nos han demostrado que debemos mejorar como ciudad en nuestro enfoque policial”, dijo el presidente del Concejo Corey Johnson.
“El barril de pólvora que estalló en los últimos días en nuestra ciudad se había estado prendiendo desde hace tiempo, en gran parte debido a un sistema disciplinario roto dentro de las filas del NYPD”, dijo el concejal Donovan Richards, presidente del Comité de Seguridad Pública.
Otra de las leyes aprobadas, y que estuvieron estanmera cadas principalmente por la oposición de la Alcaldía y los poderosos sindicatos policiales que hicieron fuerza para que no avanzaran en el Concejo, está un proyecto de vigilancia conocido como la Ley POST, que obliga al NYPD a revelar públicamente su amplia gama de herramientas de vigilancia de alta tecnología, desde sistemas de reconocimiento facial hasta drones, detectores de disparos y lectores de matrículas. Desde que fue introducido por privez en 2017, la Policía ha atacado la medida asegurando que beneficiará a los terroristas.
El Concejo también aprobó una ley que fue impulsada por las represiones a veces violentas de los oficiales contra manifestantes en gran parte pacíficos a fines de mayo y principios de junio, que requiere que los policías mantengan visibles sus números de credencial y otra información de identificación. Y por último, votaron un proyecnadas
to que reafirman el derecho de los ciudadanos a grabar videos de los operativos de arrestos de los oficiales.
Desde la muerte de Eric Garner hace casi seis años, se habían propuesto leyes que nunca lograron superar las presiones políticas y oposición del NYPD
Reformas a nivel estatal
El pasado 10 de junio la Legislatura estatal también aprobó un paquete de reformas policiales. Y al igual que en la Gran Manzana, en Albany se aprobó la prohibición del uso de la llave de estrangulamiento por parte de oficiales, así como otra medida que permite a los civiles grabar videos de los procedimientos de arrestos policiales. Pero además, se votó una ley que clasifica como crimen de odio las falsas llamadas al 911, otra más para exigir que los oficiales presenten informes cuando descargan sus armas y una para crear la Oficina de Investigación Especial que investigue e inicie un proceso cuando un civil muere bajo la custodia de policías.
Sin embargo, una de las medias más significativas a nivel estatal, y que por más tiempo había sido ‘empujada’ en la Legislatura, fue la que modificar la sección 50-A del Código Civil que bloquea el acceso a registros disciplinarios y antecedentes de los oficiales en la corte.O