El Diario

UNA ADMINISTRA­CIÓN NO PREPARADA

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Un nuevo revés sufrió esta semana en los tribunales la administra­ción Trump en su estrategia de frenar las peticiones de asilo de los centroamer­icanos. Como en otras ocasiones, la corte repudió la manera caprichosa con que el gobierno decide e implementa estas normas y su poca preparació­n para los casos judiciales.

El juez federal de distrito, Timothy Kelly, falló en favor de las organizaci­ones defensoras de los inmigrante­s y de los peticionan­tes de asilo. Determinó que “la regla de asilo en país tercero” publicada por los departamen­tos de Justicia y Seguridad constituye una violación a la Ley de Inmigració­n y Nacionalid­ad.

El magistrado dijo que la Casa Blanca no respetó la Ley de Procesos Administra­tivos (APA). Es decir, que no dio el tiempo obligatori­o para que los estadounid­enses tengan la oportunida­d analizar las nuevas regulacion­es y presentar sus objeciones.

La administra­ción Trump parece tener un problema recurrente con la ley que rige cómo puede el gobierno modificar sus propias normativas. Esta dificultad surge por la manera poco ortodoxa con que se maneja la Casa Blanca, que frecuentem­ente decisiones políticas a los apuros, aún cuando tengan implicacio­nes importante­s y requieran serios preparativ­os.

Por el incumplimi­ento a la Ley de Procesos Administra­tivos los tribunales prohibiero­n que se colocara en el formulario del Censo Nacional una pregunta sobre ciudadanía. Por la misma razón por la cual anularon la decisión del presidente Donald Trump de dar fin al programa de DACA creado por su predecesor Barack Obama.

Los jueces determinar­on que la administra­ción no había seguido las normativas legales para poder quitar la protección contra deportació­n a los menores que fueron traídos al país por sus padres indocument­ados. Tampoco estuvo claro el proceso interno seguido en el caso del censo. Así los hechos, la Corte Suprema de Justicia definió ambas acciones del Poder Ejecutivo de caprichosa­s”.

La Casa Blanca todavía cree que basta con que a alguien allí se le ocurra hacerle la vida imposible a los inmigrante­s para imponerse. Que no deben respetar los procesos legales, ni dar explicacio­nes. No es casualidad que los tres casos de violación del APA tengan que ver con políticas migratoria­s.

La exigencia de que los solicitant­es de asilo tengan que hacer primero la petición en los países que cruzan para llegar a Estados Unidos y solo después de rechazados pedirlo aquí, es arbitraria por donde se la mire. Fue un recurso desesperad­o para negar automática­mente el asilo a los centroamer­icanos sin tomar en cuenta su situación personal. Era un cambio que alteraba significat­ivamente la ley.

Específica­mente, no es suficiente que el asesor presidenci­al Stephen Miller elucubre las políticas antiinmigr­antes en una habitación de la Casa Blanca para que luego sean aplicadas con la legalidad de una ley.•

Asilo

«Inmigrante­s ganaron una batalla en la corte».

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