Bloquean la pena capital horas antes de una ejecución
Jueza federal afirma que la condena es un castigo cruel y que por lo tanto viola la Constitución
Una jueza federal bloqueó ayer la intención del Gobierno del presidente Donald Trump de reanudar la aplicación de la pena de muerte, cuando faltaban unas horas para la primera ejecución federal desde 2003.
En respuesta a la apelación de cuatro condenados a muerte, la jueza federal de Washington Tanya Chutkan emitió una orden en la que asegura que el nuevo protocolo para la ejecución de la pena capital probablemente viola la Octava Enmienda de la Constitución.
Dicha enmienda establece que a los presos no se les puede someter a “castigos crueles o inusuales”.
La magistrada aseguró en su fallo que hay pruebas suficientes de que el fármaco letal que se pretende emplear en la ejecución, el pentobarbital, “produce sensaciones de ahogamiento y asfixia” y causa “dolor extremo, terror y pánico”.
Los tribunales estadounidenses revisan actualmente el nuevo protocolo para las ejecuciones federales, en las que ahora se deberá emplear solamente el pentobarbital, en lugar de la combinación de varios fármacos, y que ha dado problemas y provocado macabros episodios de intentos fallidos.
Esta es la segunda vez que la magistrada de la capital estadounidense ha emitido sobre el asunto, después de que un fallo similar al de hoy, en noviembre pasado, hubiera sido revocado por un tribunal de apelaciones.
El pasado 29 de junio, el Tribunal Supremo se negó a bloquear la ejecución de cuatro presos de cárceles federales que están programadas para este mes y para agosto, la primera de ellas para hoy mismo.
El Departamento de Justicia ya ha anunciado su intención de apelar la nueva decisión de la jueza.
El fiscal general de EE.UU., William Barr, ordenó el año pasado al Buró Federal de Prisiones que reanudara el programa de ejecuciones.
La última ejecución federal se produjo en 2003 y actualmente hay 62 presos condenados a la pena capital por el Gobierno federal, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC, por sus siglas en inglés).
Entre ellos, figuran el condenado por los atentados del maratón de Boston de 2013, Dzhokhar Tsarnaev; y Dylann Roof, sentenciado a muerte por el asesinato de nueve feligreses afroamericanos en una iglesia de Charleston, en Carolina
del Sur, en 2015; aunque ambos se encuentran en el proceso de apelación legal.
La ejecución que estaba prevista parta hoy, autorizada por un tribunal de apelaciones, era la de Daniel Lewis Lee, un ex supremacista blanco que en 1996 torturó y mató a los tres miembros de una familia y arrojó sus cuerpos a un lago en Arkansas.
La reanudación de la aplicación de la pena capital federal contrasta con la tendencia registrada en EE.UU. en los últimos años, con la reducción progresiva de las ejecuciones, cada vez más concentradas en los estados conservadores del sur del país.
De hecho, varios estados han abolido recientemente la pena de muerte, hasta llegar a los 22 de los 50 que tiene el país.
El último fue Colorado, que la suspendió en marzo.
Después de que el Gobierno de Donald Trump anunciara la vuelta de la pena capital a nivel federal, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) criticó la decisión al asegurar que el Departamento de Justicia está “de nuevo en el lado equivocado de la historia”.
“El sistema federal de la pena de muerte no funciona y es racista, inefectivo y cruel (...) y esta decisión nos devuelve el país décadas atrás”, afirmó en un comunicado.
El DPIC, que recopila información sobre la pena de muerte, aseguró que “desde 1973 más de 160 personas que fueron acusadas erróneamente y condenadas a muerte en EE.UU. han sido posteriormente exoneradas”.•