Qué significa para inmigrantes y sus hijos la suspensión de carga pública
Juez bloquea intenciones de castigar peticiones de ‘green card’
Casi cuatro millones de no ciudadanos estadounidenses son impactados por la regla de carga pública, aunado a que más de 200,000 empresas de inmigrantes se verían afectadas por esta norma aplicada por Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), según datos de Nueva Economía Americana.
La principal preocupación de activistas y defensores de inmigrantes que buscan la Residencia Permanente y, eventualmente, la ciudadanía, es que esas personas estuvieran en mayor riesgo durante la pandemia de COVID-19 por temor a la política del Gobierno del presidente Donald Trump, que castiga a quienes hayan solicitado algún apoyo social, como cupones de alimentos, Medicaid y ayuda para vivienda.
Su inquietud tuvo eco en una Corte de Distrito de Nueva York, donde el juez George Daniels, reconoció las dificultades para los inmigrantes, ya debían decidir entre atender una emergencia causada por coronavirus o evitar solicitar ayuda por miedo a ser castigados al momento de hacer una petición migratoria.
“Como resultado directo de la regla, los inmigrantes se ven obligados a hacer una elección imposible entre poner en peligro la salud pública y la seguridad personal o su estado migratorio”, escribió el juez Daniels en su opinión.
La decisión permite a los inmigrantes seguir solicitando asistencia en efectivo para mantenimiento de ingresos; seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), seguro de enfermedad, cupones de alimentos o SNAP, ayuda para vivienda y asistencia de alquiler, entre otros beneficios.
El magistrado consideró que fueron insuficientes los esfuerzos de USCIS de no castigar a los inmigrantes durante la pandemia por solicitar ayuda para ellos y sus hijos.
El juez Daniels incluso expresó que la alerta de la agencia sobre que cualquier prueba o tratamiento para el coronavirus no se contará en su contra es ambigua y "agrega más caos y confusión".
Podría ser apelada
La decisión todavía podría ser apelada por el Gobierno del presidente Trump, pero el juez dio un paso hacia adelante y, por ahora, ningún tipo de ayuda solicitada por inmigrantes deberá ser considerada para un castigo posterior durante peticiones migratorias.
La medida fue impulsada Nueva York, Connecticut y Vermont, pero el juez Daniels dejó claro que la regla debería detenerse en todo el país.
“Los inmigrantes han estado en primera línea luchando contra esta pandemia desde el principio, y la orden judicial de hoy (miércoles) asegurará que no sean objeto de castigo por obtener cobertura de salud u otros servicios vitales mientras continúan luchando contra COVID-19”, dijo la fiscal general de Nueva York Letitia James.
El Centro Nacional de Derecho de Inmigración celebró la decisión de la corte y calificó de "cruel" la política migratoria.
“La corte reconoció correctamente que la pandemia de #COVID19 ha demostrado aún más cuán cruel, inmoral y peligrosas son las reglas de #PublicCharge (carga pública) de la administración Trump para la salud de todos en todo el país”, expresó.
Un portavoz de USCIS indicó que la agencia revisa sus lineamientos para hacer cumplir la decisión del tribunal.
“USCIS cumplirá plenamente con la orden del tribunal y proporcionará orientación adicional (a inmigrantes)”, señaló la agencia a petición de este diario.
“Nos complace ver que el tribunal ha negado otra política de Administración de Trump excepcionalmente cruel y dañina que sólo tenía la intención de hacer la