Fiscal de NY presenta una demanda para disolver la NRA
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, anunció ayer una demanda para desaparecer la Asociación Nacional del Rifle (NRA) acusando a su CEO, Wayne LaPierre, y otros miembros de fraude por $64 millones de dólares en tres años.
James pidió a un tribunal de Nueva York que obligue a LaPierre y a tres de sus asociados clave a pagar a los miembros de la NRA por los fondos mal obtenidos y los salarios excesivos de los que se beneficiaron.
“La influencia de la NRA ha sido tan poderosa que ha impedido que nuestra nación tome medidas contra la violencia armada. Pero ha estado abusando de su poder, y bajo la apariencia, la NRA está podrida con el fraude y el abuso", dijo. “Hoy, buscamos disolver la NRA, porque ninguna organización está por encima de la ley”.
Agregó que LaPierre, en casi tres décadas como vicepresidente ejecutivo "explotó la organización para su beneficio financiero y el de su familia", además de círculo cercano. Se le señala por gastar cientos de miles de dólares de la NRA en viajes de avión privado, incluyendo paseo a las Bahamas con un costo de más de $500,000 dólares, además de comprarse un yate y ejecutar gastos excesivos mayores a los $3.6 millones de dólares en consultores.
Una de las principales acusaciones fueron la modificación de su propio contrato que le brinda beneficios por más de $17 millones de dólares, además de destinar fondos a su familia y recibir reembolsos de gastos por encima de $1.2 millones de dólares.
La Fiscal acusó a los líderes de la NRA de infringir las leyes estatales y federales y de firmar informes y declaraciones fraudulentas, según la investigación que comenzó en 2019.
La acusación, además de LaPierre, incluye al abogado general John Frazer, el extesorero Woody Phillips y el exjefe de gabinete Josh Powell.
Sobre Phillips, por ejemplo, se le señala de haber mentido en los formularios de divulgación financiera y estableció un trato por valor de más de $1 millón de dólares que benefició a su novia y beneficiarse él mismo --justo antes de su jubilación en 2018-- con $1.8 millones de dólares, supuestamente para servicios de consultoría mensuales al tesorero entrante, quien aseguró que nunca recibió esas asesorías.
Powell, quien fue jefe de personal de LaPierre, fue despedido después de tres años y medio por, entre otras cosas, malversar fondos, como aumentarse el salario de $500,000 a $800.000 dólares.
Frazer es señalado por ayudar a encubrir varias de las faltas, además de no alertar sobre conflictos de intereses ni vigilar que cumplieran las leyes y certificar repetidamente declaraciones falsas o engañosas.
La Fiscal fue cuestionada sobre posibles quejas del presidente Donald Trump sobre la demanda, ya que la NRA es una de las más poderosas organizaciones que respaldan su reelección. Ella lo desestimó.
A pregunta expresa de este diario, la fiscal James no negó ni confirmó que parte del dinero del que acusa fue obtenido en forma fraudulenta fue destinado a alguna campaña política, pero señaló que la investigación al respecto continúa.
La NRA acusa "acto intimidatorio"
A través de un hilo en Twitter, la NRA acusó como un "acto intimidatorio" y un "ataque premeditado" la demanda de la fiscal James, afirmando que es una afrenta a la Segunda Enmienda.
La Asociación incluso hizo un nexo entre el proceso electoral y el momento en que la Fiscal neoyorquina --quien ha presentado varias demandas en contra de la Administración Trump-- reveló la querella y la investigación aún en proceso.
“Este fue un ataque premeditado y sin fundamento contra nuestra organización y las libertades de la
Segunda Enmienda", afirmó la NRA. "Podría haber configurado su reloj: la investigación iba a alcanzar su punto culminante a medida que avanzamos en el ciclo electoral 2020”.
Señaló que se trata de una forma de "ganar puntos políticos" y atacar a la oposición de lo que calificó una “agenda izquierdista", además de califica de "oportunista" a la demócrata.
“Esto ha sido un abuso de poder por parte de una oportunista política, un movimiento desesperado que forma parte de una venganza política. Nuestros miembros no serán intimidados ni acosados en su defensa de la libertad política y constitucional”, agregó.
La asociación afirma que se defenderá contra la demanda y “ganará”.l
La situación de los inmigrantes será más complicada en caso de que sea rechazada su petición migratoria y quieran apelar.
Agregó que el problema es que esas personas no puedan conseguir el dinero, sino que solamente tendrán 30 días para ello. Eso es adicional al pago del trámite migratorio y de la asesoría legal.
El experto dijo que la cifra de $25 dólares parece mínima, pero es inalcanzable para muchas personas, especialmente en estos momentos de la pandemia de coronavirus, ya que un gran porcentaje se ha quedado sin trabajo y sin ingresos.
Aunque hay opción que el inmigrante solicite un exención de pago es posible que los oficiales de USCIS consideren eso como un punto negativo.l