Claves sobre la apelación con la que ‘El Chapo’ busca su libertad
La defensa de Guzmán Loera inicia cruzada para liberar a su cliente e intentar hundir a “El Mayo” Zambada
Minutos después de que el juez Brian Cogan estipulara la sentencia de cadena perpetua más 30 años de prisión a Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, los abogados del narcotraficante anunciaron que presentarían una apelación, pero sus intenciones tardaron más de un año ante la corte del Segundo Distrito, debido a la complejidad del caso, reconoció el equipo de defensa.
Tras 11 meses y cuatro días de elaborar el documento, los abogados –liderados en este proceso de apelación por Marc Fernich– introdujeron un resumen del proceso, pero junto con fiscales federales preparan el documento final –con partes selladas– sobre los argumentos para intentar liberar a su cliente.
En una carta, Fernich solicita a la corte aceptar el resumen de su apelación, pero se estipula que hay “10 errores legales” en contra de su cliente, sentenciado por 10 cargos en su contra.
“El escrito de Guzmán plantea diez denuncias de errores legales”, afirma. “Dado el volumen del expediente, el número y la complejidad de los problemas y la magnitud de lo que está en juego para mi cliente, se necesita un espacio adicional sustancial para presentar adecuadamente el material y brindar una representación efectiva en un caso extremadamente serio y complicado”.
Agrega que el documento final está siendo editado “con el mayor rigor posible”, debido a aspectos que no pueden revelarse, a solicitud de fiscales y protegidos por la corte del Distrito Este en Nueva York.
Violaciones al proceso
Al igual que se acuso durante el juicio, durante el cual el juez Cogan negó mociones para otorgarle más beneficios a Guzmán Loera, la defensa enlista “abusos” y “trato inhumano” contra su cliente durante su estancia en el Centro Correccional Metropolitano en Manhattan y ahora en la prisión de máxima seguridad (Supermax) en Florence, Colorado.
“El aislamiento indefinido, solo y junto con otros impedimentos previos al juicio con los que se enfrentó, fue una reacción exagerada cruel, inhumana e inconstitucional ante cualquier amenaza a la seguridad que representaba Guzmán”, afirma el documento.
Se afirma que el confinamiento de 30 meses en Nueva York violó las Quinta y Sexta enmiendas, ya que los fiscales lograron el aislamiento “sin el debido proceso”.
El resumen agrega que el confinamiento y los “procesos en secreto” complicaron la defensa inicial del líder del Cártel de Sinaloa y acusa al juez Cogan de “profundizar el daño” al no tener acceso a testigos que declararon contra “El Chapo”.
“El juez de Distrito profundizó el daño a la defensa de Guzmán al negar el acceso (a declarantese), a la propia opinión privada del Gobierno, para probar que se declaró unilateralmente”, expone.
Faltas del jurado
El abogado Fernich apunta que el jurado desobedeció la orden del juez Cogan de no revisar información en medios de comunicación, redes sociales o en cualquier página en internet, lo que habría afectado en el veredicto, que fue de culpable de los 10 cargos en su contra.
Apunta que el magistrado afectó más el caso de Guzmán Loera al no realizar una investigación adecuada sobre los hechos revelados por un jurado durante una entrevista con VICE News.
“Se presume prejuicio cuando los miembros del jurado consultan deliberadamente información extrínseca en violación de sus instrucciones y la niegan falsamente tras una investigación”, expone el documento.
Califica de “insidiosa” la respuesta del tribunal sobre las revelaciones del jurado.
“El Tribunal de Distrito se equivocó al dejar completamente sin examinar el alarmante informe de VICE”, considera la defensa.
Cruzada contra 'El Mayo'
Entre los argumentos se destaca la visión de la defensa sobre Ismael “El Mayo” Zambada, a quien consideran el verdadero líder del Cártel de Sinaloa, aunque su hijo Vicente Zambada, alias “El Vicentillo”, reconoció que su padre era uno de los dirigentes, pero al igual que Guzmán Loera.
“El abogado defensor también argumentó, a través de contrainterrogatorio y resumen (del caso), que el coacusado ausente Mayo Zambada, todavía prófugo en México, había sobornado a funcionarios mexicanos para que atacaran e incriminaran al extravagante Guzmán para que Zambada pudiera evitar el arresto y continuar dirigiendo el cártel desde las sombras”, se indica.
Los fiscales respondieron a ese argumento que, en efecto, Zambada es buscado por la DEA, pero no era él quien estaba en juicio en ese momento, postura que el juez Cogan respaldó.
“Según Guzmán, la familia Zambada logró ese objetivo en parte ofreciendo al hermano y al hijo del Mayo, quienes testificaron contra Guzmán como cooperadores en anticipación de sentencias leves y por otros beneficios recibidos, como sacrificios simbólicos”, afirma.
Cabe señalar que “El Vicentillo” tuvo una reducción de sentencia de 10 a 15 años por su "cooperación extraordinaria", se indicó en la corte del Distrito Norte de Illinois el 30 de mayo de 2019.
La defensa incluso descarta que Guzmán Loera tenga una “espartano” estilo de vida, como los fiscales federales acusan, debido a que habría acumulado más de $20,000 millones de dólares. El Gobierno busca la recuperación de casi $13,000 millones, aunque es improbable
que logre hacerlo.
La extradición
Tal como ocurrió en México, la defensa de Guzmán Loera apunta que los alcances del proceso de extradición de su cliente no permitían que enfrentara en Nueva York, sino en Texas, donde se solicitó.
Fernich acusa que las autoridades estadounidenses obtuvieron una “exención de especialidad” contra “El Chapo” posterior a su extradición.
“(Eso) permitía el enjuiciamiento en Brooklyn en lugar de Texas o California, como se estipula en la solicitud de extradición y el decreto”, apunta la defensa. “Guzmán argumenta que un precedente de esta Corte que sostiene que solo el estado que se entrega, y no un individuo agraviado, puede afirmar una regla de violación de especialidad”.
Cabe señalar que el proceso de extradición en México había sido impugando por la defensa de Guzmán Loera en aquel país, pero la Corte Suprema rechazó irregularidades y negó la suspensión del proceso.l