REGLA DE PERSECUCIÓN
La administración Trump puso de nuevo en marcha la norma que limita la posibilidad de que un indocumentado pueda obtener su residencia a menos que tenga un ingreso por arriba de lo gana una familia media estadounidense. Por el solo hecho de no tener papeles, un individuo es considerado como un carga pública incluso cuando recibe bastante más dinero que la mitad de los ciudadanos.
La oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) anunció que después de varias disputas legales volverá a implementar una controversial norma aprobada el año pasado. Las solicitudes de tarjeta verde pendientes presentadas después del 24 de febrero de 2020, cuando la agencia implementó la regla de la regla después de la luz verde de la Corte Suprema, serán consideradas bajo la nueva norma. Las aceptadas después de la suspensión judicial de la regla de abril, no serán reconsideradas.
Allí se establecen condiciones nuevas que deben cumplir quienes solicitan la residencia permanente. Se amplía la lista de aquellos beneficios públicos que descalifican a un solicitante. Al mismo tiempo, se solicita un ingreso elevado para dejar afuera, deliberadamente, a la mayor cantidad de gente posible.
Un ejemplo de regla descalificatoria es no tener una entrada por encima del 250% de la línea de pobreza, o sea 76,700 dólares anuales. Esto deja afuera al solicitante de la tarjeta verde. En contraste, el ingreso medio de un hogar estadounidense similar es de $58,300 por año, según el Centro de Investigación Pew.
La prueba de “carga pública” se usó durante décadas para prohibir la entrada de cierto tipo de inmigrantes y, en algunos casos, para deportarlos. La administración Clinton hizo un cambio para excluir a quienes estaban recibiendo beneficios en efectivo del gobierno o atención institucionalizada a largo plazo. Trump lo adaptó a su política restrictiva.
Estas normas ignoran las realidades básicas de la inmigración. De gente más pobre que viene a nuestro país a trabajar y que construye una familia cuyos hijos subirán en la escala socioeconómica por arriba de sus padres. Además, la mayoría de los inmigrantes vienen a realizar trabajos que requieren menos capacitación, ofrecen menos pago y que los estadounidenses no quieren hacer. Así se les condena a vivir en la sombra de la ilegalidad.
El fallo de abril, que congeló el cambio, se basó en el impacto negativo que tiene en la comunidad inmigrante durante la pandemia. Se comprendió que los indocumentados dejarán de usar servicios muy necesarios porque ello los podría fuera de la residencia.
La insistencia de la Casa Blanca de reinstalar la norma es otro ejemplo de cómo el peligro de contagio del coronavirus pasa a segundo plano cuando se cruza con otras prioridades. Como la de perseguir a los inmigrantes.•
Tarjeta verde «La Admnistración Trump insiste en poner trabas a inmigrantes que buscan la residencia permanente».