ATAQUE CONTRA LOS POBRES
Esta semana,un juez federal bloqueó permanentemente el intento del gobierno de Trump de negar asistencia alimentaria a las personas necesitadas.
Eran modificaciones que el Departamento de Agricultura (USDA) pretendía imponer al programa Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), que ayuda a 36 millones de estadounidenses. Iba a eliminar la discreción de los estados para obviar los requisitos laborales para solicitantes en áreas económicas en dificultades.
El gobierno insistía en implementarlo en plena crisis del coronavirus, que mató ya a 220,000 estadounidenses, y en plena crisis económica que cuadruplicó la cesantía, causada precisamente por la ineptitud del gobierno en detener el avance de la pandemia mortal.
Entre febrero y mayo de este año, la cantidad de personas que piden ayuda de comida había subido un 17% con más de 6 millones de nuevos solicitantes.
A fines del año pasado, USDA había emitido una rede gla que limitaría la capacidad de los estados para extender los beneficios otorgados a través de SNAP más allá de tres meses, para una categoría de personas adultas.
Esa regla arbitraria e indignante de USDA hubiera limitado la ayuda a más de un millón de personas desocupadas, de las cuales 700,000 hubieran perdido beneficios de comida.
El gobierno anunció triunfantemente que la regla le ahorraría casi $5,500 millones de dólares en estampillas de comida en un lapso de cinco años. Clamó que el recorte de la ayuda alimenticia hubiera “llevado a más estadounidenses sanos a la autosuficiencia” porque buscarían trabajo, simulando no saber que los empleos no existen.
La regla fue apelada en corte en enero por 19 estados, el Distrito de Columbia y la ciudad de Nueva York.
Explica Letitia James, procuradora general del estado de Nueva York en su sitio de internet que “la demanda argumentó que la regla socavó directamente la intención del Congreso para SNAP, que el USDA violó el proceso reglamentación federal y que la regla impondría cargas regulatorias significativas en los estados y dañaría las economías y residentes de los estados”.
Asimismo, dice la demanda que “La regla final en cuestión en este litigio altera radical y abruptamente décadas de práctica regulatoria, dejando a los Estados luchando y aumentando exponencialmente la inseguridad alimentaria para decenas de miles de estadounidenses.”
Como consecuencia, la corte bloqueó temporalmente la entrada en vigencia de la regla en abril, y ahora convirtió ese bloqueo en permanente.
El juez Beryl A. Howell amplificó los razonamientos de los demandantes, escribiendo que el gobierno demostró “un fracaso total en abordar el problema, lo que hace que la acción de la agencia sea arbitraria y caprichosa”.
La decisión judicial es una buena noticia para la gente necesitada. Y también porque muestra que las aspiraciones autoritarias y el ataque contra los pobres de este gobierno pueden ser detenidos. Incluso en plena campaña electoral.