LA EXONERACIÓN DE CIENFUEGOS

No se si alguien realmente creyó que el Gobierno que preside Andrés Manuel López Obrador investigaría a fondo y procesaría penalmente a Salvador Cienfuegos Zepeda, pero lo cierto es que desde que el exsecretario de Defensa Nacional fue retornado a México el 18 de noviembre pasado, tras ser detenido en Los Ángeles un mes antes, una amplia mayoría de la sociedad mexicana tenía certeza de que sería exonerado.

Finalmente el jueves pasado se notificó oficialmente la exoneración del General en retiro. En un escueto comunicado de 12 párrafos, la Fiscalía General de la República (FGR) informó “con base en los razonamientos y pruebas en la carpeta correspondiente, la FGR, (…) ha determinado el no ejercicio de la acción penal, en favor del General Salvador Cienfuegos Zepeda”.

Poco se ha reparado en que a Cienfuegos se le “investigó” y exoneró en un proceso fast track de apenas seis días, tal como lo admite la misma FGR.

En seis días la FGR llegó a la conclusión de que las finanzas de Cienfuegos eran limpias y hasta estaba al corriente de sus impuestos, se informa en el párrafo onceavo de la Fiscalía.

Cienfuegos regresó de su detención en Estados Unidos el 18 de noviembre, pero no fue enterado de inmediato de la denuncia que presentó en su contra la Agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA), ni de la investigación que la misma fiscalía mexicana realizaba, sino hasta el 9 de enero.

¿Se puede hacer una investigación seria sobre graves acusaciones de colaboración con el narcotráfico al más alto jefe militar en 144 horas? No es creíble que en apenas seis días se informara a Cienfuegos de las acusaciones en su contra, que conociera el expediente completo, que reuniera pruebas para probar que no tuvo relaciones con ningún grupo criminal. Además de probar que cumple con sus obligaciones fiscales.

Pero hay dos elementos adicionales que parecen indicar que el Gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador nunca tuvo en realidad intenciones de investigar y, de ser el caso, incriminar al exjefe militar: una es su crecimiento patrimonial, y otra las violaciones graves a derechos humanos cometidas por la Sedena durante la jefatura de Cienfuegos. obre lo primero, el General en retiro multiplicó por cuatro tantos su dinero en los últimos años del Gobierno de Enrique Peña Nieto.

La Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, por su parte, probó que al menos siete instalaciones militares fueron utilizadas para torturar y retener personas en Zacatecas, Nuevo León y Durango (Animal Político, 17 octubre 2020).

Es una vergüenza que el Gobierno de la llamada Cuarta Transformación no hubiera investigado y sometido a juicio al jefe de quienes cometieron estas atrocidades.

Aunque Cienfuegos no fuera aliado del narco, se le debió investigar y enjuiciar por las graves violaciones de derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas durante la jefatura de Cienfuegos.•

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