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El presidente Joe Biden lo dijo ayer alto y claro: apoya sin fisuras la ley Jones (Jones Act) y la considera una de las piezas que asegura la competitividad de la industria manufacturera americana, algo que la actual Administración quiere apoyar.
Se trata de una ley que lleva décadas encareciendo los productos que llegan por vía marítima como parte de comercio nacional a Puerto Rico y otras islas como Hawaii.
Biden hizo expreso este apoyo, que ya defendió el nuevo secretario de Transporte, Pete Buttigieg, en un acto en el que firmó una nueva Orden Ejecutiva, para apoyar al sector industrial de EEUU y sus trabajadores dentro del país. Con este mandato, el presidente hace efectivo el mandato de que las compras que el Gobierno federal haga, con un presupuesto anual que ronda los $600,000 millones, sea de bienes hechos en EEUU, y no meramente ensamblados en el país sino con componentes (al menos en un porcentaje) hechos en América.
La Orden se enmarca en una serie de medidas para proteger a la industria y la clase media del país y de hecho incluye un apoyo específico al Jones Act.
La Jones Act obliga a que los barcos que transportan bienes y pasajeros entre dos puertos del país tengan que estar construidos en EEUU, sean propiedad mayoritaria de ciudadanos americanos, estén tripulados por americanos que naveguen bajo la bandera de las barras y las estrellas.
Esta legislación de principios del siglo pasado ahora se va a aplicar también a los proyectos de energía eólica en el mar por lo que se presenta como clave para asegurar que el sector naviero participa del crecimiento de las energías alternativas.
Para los habitantes de Puerto Rico y Hawaii, el impacto de esta legislación es enorme porque elimina la competencia global para un transporte de bienes que es sobre todo marítimo y como resultado se encarecen mucho los productos que son de uso regular.
Los precios son más altos que en Florida, en Texas o que en otras islas del Caribe.
La intención de la ley fue proteger a la industria naviera americana, que pese a todo no es más competitiva que la asiática, por ejemplo.
Pese al fuerte impacto negativo en Puerto Rico, que ya lidia con una profunda crisis, la nueva Administración mantiene su apoyo a una ley que fue suspendida solo temporalmente por la anterior presidencia tras el huracán María. Tras octubre de 2017 la suspensión de esta ley no se amplió pese a que la zona aún estaba lejos de la recuperación de la normalidad.
Apoyo a industria
La Administración desde la que no se deja de reiterar que se vive en un momento “precario” toma ahora una acción para apostar por la industria del país, salarios más altos, la clase media que ahora está en riesgo y el desarrollo medioambiental.
La ley federal requiere que el Gobierno y sus agencias den preferencia a las empresas americanas a la hora de hacer contratos pero no siempre ha ocurrido y desde 1954 no se han actualizado los requerimientos.
Designarán a una figura dentro de la Oficina de la presidencia encargado de la gestión de programa Made in America y creará una dirección dentro de la Oficina del Presupuesto para supervisión.