Piden a Mayorkas terminar con programas de cooperación con ICE
Decenas de congresistas esperan el fin de políticas que merman la confianza entre las policías locales y la comunidad
Más de 60 congresistas pidieron al nuevo secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, que ponga fin a los programas 287 (g) y Comunidades Seguras, que permiten la cooperación de las policías locales con agencias de inmigración, así como a las detenciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
El reclamo, que lideran los representantes demócratas Jan Schakowsky y Adriano Espaillat, cuenta con el apoyo de varias organizaciones proinmigrantes y de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).
La carta a Mayorkas ocurre en momentos en que el ICE continúa su gestión para deportar inmigrantes, incluidos niños, a lugares peligrosos, burlando la moratoria de la Administración del presidente Joe Biden y obstaculizando sus esfuerzos de reforma, indican los solicitantes en un comunicado conjunto.
“El régimen actual de aplicación de la ley de inmigración depende del tiempo y los recursos de las agencias locales de aplicación de la ley, a expensas de la seguridad pública para todos y en particular para las comunidades de inmigrantes”, señalan.
Advierten que los programas 287 (g) y Comunidades Seguras, así como las detenciones, convierten a las agencias policiales locales en una puerta de entrada a la deportación y despojan a las comunidades de la seguridad y la confianza pública.
El programa 287(g), una sección específica de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1996, permite a una entidad de orden público estatal o local colaborar con el ICE mediante un Memorando de Entendimiento (MOA).
El de Comunidades Seguras –propuesto por el ICE en 2008 bajo el Gobierno de George W. Bush, fue cancelado por el presidente Barack Obama y reactivado por la Administración de Donald Trump–, consiste en generar colaboración entre autoridades locales y estatales para lograr identificar inmigrantes con orden de deportación,
Los firmantes recuerdan a
Mayorkas que durante cuatro años la Administración Trump convirtió a estos programas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en piezas centrales de su “xenofóbica agenda”.
Como resultado, recuerda la carta, millones de personas están viviendo con el miedo de que cualquier interacción con agencias locales del orden les pueda llevar a la deportación y separarles de sus familias.
Indican además que debido a esto, trabajadores inmigrantes de primera línea y sus familias tienen miedo de hacerse la prueba de la covid-19, ser vacunados y obtener tratamiento, lo que tiene un efecto devastador sobre la salud pública.
“Cuando la policía local actúa mano a mano con el ICE, todos están menos seguros. La posibilidad de ser separado de su familia por denunciar un delito significa que es menos probable que las personas busquen protección policial local en casos de violencia doméstica, agresión sexual y trata de personas”, indicó Naureen Shah, asesora de políticas de ACLU.
Destacó en el comunicado que la Administración Biden debería actuar de manera decisiva para poner fin a los programas que recurren a la policía local para hacer cumplir la ley federal de inmigración.
Para la abogada, cuando los agentes de la ley locales participan en la aplicación de la ley de inmigración, se fomentan prácticas discriminatorias como el perfil racial, que causan daño desproporcionado a las comunidades de inmigrantes.
Estos programas conducen a una discriminación racial “desenfrenada” y prácticas policiales ilegales contra estas comunidades, advirtió también a Mayorkas Nayna Gupta, directora asociada de políticas del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes.
“Si esta Administración está comprometida a remediar la
injusticia racial y proteger la seguridad pública, entonces debe terminar estos programas en su totalidad”, afirmó.
La carta a Mayorkas fue respaldada además por el Fondo de Acción Indivisible, Southern Poverty Law Center, el Proyecto Nacional de Inmigración (NIPNLG) y United We Dream.l