Biden lanza reforma migratoria que daría ciudadanía a indocumentados
El presidente Joe Biden cumplió a los inmigrantes y a los votantes hispanos a quienes prometió en campaña que impulsaría una reforma migratoria integral, para establecer una ruta a la ciudadanía a indocumentados, ‘dreamers’ y personas bajo el programa TPS.
“La legislación que envié al Congreso traerá cambios muy necesarios en un sistema de inmigración que requiere una reforma desde hace mucho tiempo”, indicó el presidente Biden. “Administrará responsablemente la frontera con inversiones inteligentes; abordará las causas fundamentales de la migración irregular desde Centroamérica; modernizará nuestras vías de inmigración legal y creará una vía ganada hacia la ciudadanía para muchos, incluidos los ‘dreamers’, los trabajadores agrícolas y los titulares de TPS”.
Ahora queda en manos del Congreso la aprobación de la “America’s Citizenship Act of 2021” (“Ley de Ciudadanía de EEUU del 2021”), patrocinada por el senador Bob Menendez (Nueva Jersey) y la representante Linda Sánchez (California).
El proyecto de 353 páginas se integra por cinco grandes bloques sobre el camino a la ciudadanía para distintos tipos de inmigrantes; atender las causas de la inmigración y nuevas formas de atender la frontera sur; modificaciones al sistema de visas; ajustes a cortes migratorias y atención a las personas más vulnerables, y el proceso de autorización de empleo y protección de trabajadores de ser explotados.
“Es su visión de cómo debe cambiarse el sistema de inmigración… y abre la discusión sobre inmigración después de los últimos cuatro años”, adelantó una de las asesoras de la Casa Blanca en llamada telefónica a periodistas. “Crea el camino a la ciudadanía para 11 millones de inmigrantes indocumentados con estatus temporal de entre tres y cinco años hasta que puedan obtener la ciudadanía”.
Los “dreamers, los inmigrantes beneficiados con TPS y los agrícolas indocumentados que puedan demostrar su historial laboral, podrán obtener la Residencia Permanente de inmediato y tres años después aplicar por la ciudadanía.
En el caso del resto de los indocumentados se otorgará un “green card” provisional durante cinco años, luego aplicarían por una permanente y después la ciudadanía. Ninguna persona que ingresó al país sin autorización después del 1 de enero del 2021 podrá aplicar por este beneficio.
La propuesta también busca modificar el proceso de visas de trabajo, como la H-1B y H-2B; extender a 80,000 las protecciones bajo el Programa de la Diversidad o lotería de visas, así como aumentar a 30,000 las visas U, para víctimas del crimen.
Frontera, seguridad y cortes
El proyecto del presidente Biden enfocará la seguridad fronteriza en la implementación de alta tecnología, para evitar el tráfico de personas, drogas, reconociendo que éstas últimas ingresan por determinados puertos.
La visión de la propuesta sobre la frontera es más humanitaria, ya que pretende atender las raíces de la inmigración, pero sin descuidar los aspectos de seguridad pública. De este modo se la reforma abrirá el camino para establecer programas que ayuden a reducir la inmigración de indocumentados de México y Centroamérica.
Se pretende mejorar los tribunales migratorios, para contratar más jueces, personal especializado, adquirir mayor tecnología e implementar programas de orientación legal.
Aunque el sistema E-Verify no será obligatorio, la Administración Biden aumenta sanciones a quienes contraten a inmigrantes indocumentados, además de buscar establecer un equipo de trabajo con sindicatos y empleadores para la verificación de permisos laborales.
“Estas no son prioridades demócratas o republicanas, sino estadounidenses. He expuesto mi visión de lo que se necesitará para reformar nuestro sistema de inmigración y espero trabajar con los líderes del Congreso para lograrlo”, adelantó el presidente Biden.
El equipo de asesores del mandatario no respondió a cuestionamientos de cómo convencerán a republicanos para lograr los 60 votos en el Senado o si los demócratas se apegarían a la regla de Reconciliación para aprobar el plan con mayoría simple, considerando el voto de la vicepresidenta Kamala Harris.
A la propuesta se sumaron los senadores Amy Klobuchar (Minnesota), Alex Padilla (California) y Ben Ray Luján (Nuevo México), así como los representantes Zoe Lofgren (California), Lucille Roybal-Allard (California), Nydia Velázquez (Nueva York), Judy Chu (California), Raul Ruiz (California), Yvette Clarke (Nueva York) y Karen
Bass (California), quienes ofrecieron una conferencia de prensa conjunta.
“Aplaudo al presidente Biden por cumplir su promesa y enviar al Congreso una visión audaz sobre la reforma migratoria”, dijo la representante Lofgren, presidenta del Subcomité de Inmigración y Ciudadanía del Comité Judicial de la Cámara.
La representante Velázquez destacó que este avance dejaba atrás “los últimos cuatro años” sobre asuntos migratorios, basado en “la xenofobia y el odio”, que llevaron “a políticas crueles como separar a los niños de sus padres”.
“No podemos permitirnos el lujo de excluir el talento del mundo o ahuyentar a aquellos que llaman hogar a nuestro país, especialmente a los inmigrantes que ahora trabajan como profesionales de la salud y otros empleados de primera línea”, dijo la senadora Klobuchar, quien como aspirante presidencial alzó también la voz a favor de inmigrantes.
El senador Luján destacó la nueva política para defender a los beneficiarios de DACA, quienes fueron atacados por la anterior administración, aunque reconoció el camino que toca a congresistas.
Organizaciones celebran
Representantes de grupos que defienden a inmigrantes celebraron la propuesta del presidente Biden y urgieron al Congreso a aprobarla lo antes posible.
Church World Service consideró que el proyecto marca “un paso histórico”, para permitir de las personas sin documentos, pero que llaman este país “su hogar” puedan ser protegida. “El Congreso debe actuar ahora y aprobar este proyecto de ley”, dijo.
A esa voz se sumaron el Center for American Progress, el United Farm Workers & UFW Foundation; la American Business Immigration
El proyecto priorizará la reunión familiar, pero endurecerá la vigilancia en la frontera con equipo de alta tecnología