AMLO, el contrarreformador
Desarmar las reformas de EPN tiene retos que el Gobierno no entiende, dicen críticos
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha tirado al suelo nueve de las 11 reformas de su antecesor Enrique Peña Nieto. Esas en las que el ahora exmandatario invirtió prácticamente todo el sexenio pasado como catapulta hacia la modernidad.
El actual mandatario argumenta en contrataste que dichos cambios no sirvieron más que para enriquecer a los legisladores y políticos que las aprobaron, a punta de sobornos, así como a particulares que expandieron su codicia a costa de vulnerar “al pueblo mexicano”.
Por ello ha puesto sobre la mesa muchos cambios a las reformas que llevaron a Peña a la polémica portada de la revista Time con el titular “Saving México”.
Se trata de contrarreformas a las reformas: educativa, laboral, competencia económica, telecomunicaciones, finanzas, seguridad energética, transparencia y procedimientos penales.
Las reformas política electoral y la fiscal no serán tocadas y son las dos únicas que no tendrán cambios, según lo ha garantizado el mismo López Obrador en conferencia de prensa y su partido garantiza lo mismo en el congreso siendo mayoría.
“Había dicho que echaría atrás todo y la gente votó por él. No es algo que debería sorprender, pero ahora parece que no se tiene muy claro el impacto real que habrá en la economía, la democracia y todos los otros rubros”, advirtió José Hernández, analista de la Universidad Nacional Autónoma de México.
La polémica de la energía eléctrica
López Obrador envió el primer día de febrero pasado una iniciativa “preferente” al Congreso, un privilegio que tiene el presidente para sacar adelante sus planes prioritarios: por ley, los diputados y senadores están obligados al legislar sobre esos temas en 60 días naturales.
El proyecto preferente de AMLO es lograr que la electricidad que produzca la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) se consuma primero; con la Reforma de Peña Nieto, las empresas particulares tenían más juego en la industria, ya fuera porque producían energía limpia o por ayudar a las empresas a la autoproducción. Además se permitió comprar primero la energía que fuera menos costosa.
Ahora, el Presidente quiere que primero se utilice toda la energía producida por las hidroeléctricas, plantas nucleares y geotérmicas de la CFE. En segundo lugar, las energías eólica o solar de particulares y por último, la producción empresas privadas.
“Vamos a revertir el proceso de privatización que debilitaba y transfería empresas públicas a particulares…”, argumenta en la iniciativa.
El grupo parlamentario Morena alertó a grupos empresariales que consideran que se trata de una “expropiación indirecta” que viola acuerdos comerciales internacionales del país y que costará caro.
“Si el gobierno se aboca a generar electricidad con tecnología más cara, esto se traducirá en tarifas más altas o subsidios y tendría una presión para las finanzas públicas”, advirtió Juan Antonio Dorantes, socio director de la consultora Dorantes Advisors.
La que ya es
Al Presidente no le gustaba que a los profesores de la educación pública se les exigiera demasiado a través de una evaluación constante a su desempeño y en cuanto tomó el poder dejó sin efecto la exigencia de evaluaciones que había impuesto la Reforma Educativa.
La contrarreforma educativa que impuso desde 2009 con mayoría en el Congreso eliminó el Servicio de Carrera del Magisterio a través del cual los maestros, para ingresar al sistema de educación pública o crecer en él, tenían que hacer exámenes de competencia, un requisito que Peña Nieto había cedido por presión de organizaciones civiles.
“Es algo que se va pagar caro a largo plazo”, advirtió la coordinación del Programa Interdisciplinario sobre política y prácticas educativas del Centro de Investigación y Docencia Económica.
“Los maestros vuelven a ser botín político porque su ascenso depende otra vez de su lealtad con sus líderes sindicales y los compromisos políticos de éstos”.
Las que se cocina
A Peña Nieto le tocó implementar una de las últimas reformas que hizo su predecesor, Felipe Calderón, y por lo tanto se considera al primero el ejecutor de la Reforma Laboral que buscaban modernizar el mundo del trade bajo mediante la creación de nuevas formas de contratación de personal.
Así se incluyó como una opción el ‘outsourcing’, la contratación de recursos humanos de una compañía a través de otra, que ahora quiere eliminar AMLO por considerar que hizo de México un mercado internacional de bajos salarios que le quitó derechos a los trabajadores y que es un desastre en materia de desarrollo local.
Situación similar ocurre con la contrarreforma para desaparecer organismos que no controla el gobierno en materia de la transparencia y la competencia económica “porque gastan mucho dinero”. AMLO quiere pasarlos a secretarías bajo su control lo que lo haría juez y parte.
“Imaginemos que en plena campaña electoral un periodista solicita información sobre un contrato que celebró indebidamente la Presidencia.
¿Se otorgaría la información? Lo más seguro es que no”, advierte Mariana Campos de la organización México Evalúa.•