Discurso anti-inmigrante complica vacunación en estados del sur
En el este de Tennessee, los médicos han visto de primera mano cómo una política de inmigración dura puede afectar la salud y el bienestar de una comunidad.
En 2018, agentes federales allanaron una planta empacadora de carne en Morristown, en el Valle de Tennessee, y detuvieron a unos 100 trabajadores sospechosos de ser indocumentados.
En las semanas siguientes, decenas de familias inmigrantes que habían encontrado trabajo en esas plantas buscaron santuario en las iglesias y dejaron de ir a las citas médicas.
¿La razón? Los agentes de inmigración estaban vigilando las clínicas.
“No queríamos que la gente viniera a recibir atención porque había oficiales de ICE en nuestro estacionamiento”, dijo Parinda Khatri, directora clínica de Cherokee Health Systems, un proveedor sin fines de lucro en el condado de Hamblen.
Mientras Tennessee, al igual que otros estados, se embarca en la abrumadora tarea de vacunar a millones de residentes contra covid-19, a muchos funcionarios de salud se les dificulta la tarea, por una desconfianza generalizada en el gobierno y las fuerzas del orden entre los inmigrantes sin papeles, una población estimada en 11 millones en todo el país.
Los desafíos son particularmente críticos en el sur, donde grandes poblaciones de inmigrantes indocumentados ayudan a mantener las prósperas industrias agrícola y de procesamiento de alimentos, incluso cuando muchos líderes republicanos estatales y locales, empoderados por la retórica antiinmigrante de la administración Trump, los denuncian como criminales y piden limitar su camino a la ciudadanía.
La confluencia de esas actitudes agresivas y un virus altamente contagioso ha generado preocupación en algunos estados: temen que la baja vacunación de indocumentados ponga en riesgo los esfuerzos para lograr la inmunidad colectiva.
“Nunca podremos superar esta pandemia si los indocumentados se quedan fuera”, dijo la doctora Sharon Davis, directora médica de la clínica comunitaria Los Barrios Unidos en Dallas, que atiende a 28,000 pacientes, la mayoría sin papeles.
Davis reconoció el desafío que plantea esto en un estado como Texas, donde la plataforma estatal del Partido Republicano pide la expulsión inmediata de todos los “extranjeros ilegales”. Como otros directores de clínicas en muchos estados del sur, Davis dijo que implementar planes de vacunación en las comunidades inmigrantes es una política de “don’t ask, don’t tell (“no preguntar, no decir”).
“Vivimos en Texas, así que ni lo mencionas”, agregó. “Hablamos de los que no tienen seguro, y hablamos de la población latina con la mayor morbilidad y mortalidad, es a quien estamos tratando de atender”.
En el área de Dallas-Fort Worth, hogar de una de las poblaciones más grandes de inmigrantes sin papeles de la nación, la tasa de muerte de los hombres latinos de mediana edad es ocho veces mayor que la de sus homólogos blancos no latinos.
Los epidemiólogos dicen que la disparidad no es sorprendente, dado que un gran número de trabajadores centro y sudamericanos indocumentados están en empleos considerados esenciales en la pandemia, incluido el trabajo agrícola, procesamiento de carne y servicio de alimentos, y la mayoría no tiene seguro médico.
Para agravar los riesgos, muchos trabajan en condiciones propicias para la propagación viral, parados hombro con hombro a lo largo de las cintas transportadoras en las empacadoras de verduras, lavando platos en las cocinas de los restaurantes, abasteciendo los estantes de los supermercados y limpiando habitaciones de hoteles.
Al final del día, muchos regresan a barracas o casas pequeñas que albergan a varias generaciones de familias.
“Si no trabajan, no comen”, dijo Davis. “Hemos tenido pacientes que nos suplican que no les hagamos la prueba, porque entonces no pueden ir a trabajar”.
Davis fue uno de los directores médicos que dijo que los sitios de vacunación masiva que muchos estados están usando (carpas gigantes con personal uniformado de la Guardia Nacional y personal médico con iPads) asustan a las familias inmigrantes.
“Preguntan ‘¿qué documentos tenemos que mos