Las capturas de sus sanguinarios fundadores no han mermado su capacidad de violencia y corrupción
Los Zetas y sus rivales del Golfo controlan territorios como un gobierno paralelo en todo el oriente del país. Y para demostrarlo queman gente, la cuelgan o la hacen pedazos. A veces por diversión, a ratos porque les estorban. Así silencian a la prensa e intimidan a organismos autónomos; extorsionan negocios. Forman empresas para lavar dinero. Matan o imponen políticos, confunden, manipulan hechos…
Ocurre cada vez con más violencia desde principios de este siglo por el que han pasado cuatro presidentes: Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña y aún con el actual mandatario Andrés Manuel López Obrador.
Ocurre con todas las características de organizaciones criminales que operan en Estados de terror o Estados fallidos, según se denuncia intermitentemente con picos de atención cuando ocurren hechos de impacto internacional como la calcinación de 19 migrantes guatemaltecos en enero pasado, incluyendo un jugador de fútbol, en el municipio de Camargo, Tamaulipas.
El escritor y analista político Héctor Aguilar Camín considera a estas organizaciones como “actores políticos”.
“No en el sentido tradicional de la palabra: no tiene partido ni aspira a gobernar el país. Pero es un actor político en el sentido duro de competir por el poder y por el gobierno de territorios para usarlos como botín”.
Y el botín no solo es para el tráfico de drogas, sino para todos los órdenes de la economía, del saqueo de bosques al robo de gasolina, del despojo de bienes a la trata de personas y o al cobro de impuestos bajo la forma del derecho de piso o la venta de protección.
“Su ámbito es el orden municipal, a veces de grandes ciudades clave, no solo para el paso de drogas sino para el funcionamiento de la economía de una región. El interés profesional del crimen en las elecciones puede leerse en su marca de fábrica: el asesinato de alcaldes y candidatos a alcaldías en tantos lugares de la República”. Para lograrlo, le apuestan a la brutalidad sin límites contra la población civil a tal punto que ésta padece un síndrome que el autor del libro La Guerra de los Zetas, Diego Osorno, identifica como Síndrome de Beirut. “Aceptan que la normalidad es ver caravanas de hombres armados recorriendo las calles sin ser militares, retenes del ejército por todos lados, balaceras en la noche...”
La incineración de los 19 migrantes guatemaltecos en enero pasado no paró ahí ni por el escándalo internacional que recordó otra matanza en la misma zona (la de otros 72 migrantes en San Fernando en 2010) ni por la promesa del presidente y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, de hacer justicia.
Siguieron matanzas aquí y allá, y poco después de cumplirse un mes del hallazgo de los migrantes en Camargo, aparecieron otros cuatro cuerpos calcinados en el municipio Miguel Alemán.
Los encontraron casi por casualidad, cuando los militares del 25 Regimiento de Caballería Motorizada de Ciudad Mier realizaban recorridos de vigilancia sobre brechas escondidas.
Larga historia
El presidente López Obrador apostó al inicio de su administración por la “pacificación del país” en un discurso donde el crimen organizado prácticamente desapareció, aunque la violencia permaneció igual que el incremento de Ejército en las fronteras, principalmente en el sur.
“Estamos pensando en proteger a los migrantes porque no es lo mismo que estén en albergues del sur, a que se internen al norte del país porque se dispersan y no tenemos vigilancia o protección, y caen en manos de la delincuencia organizada”, dijo en conferencia de prensa después de los hechos de Camargo.
Su secretaria de Gobernación, Sánchez Cordero, agregó posteriormente que entre la matanza de los 19 y los 72 migrantes había una diferencia: en la primera se haría justicia por tratarse de su administración.
Para los ojos de analistas de seguridad esta promesa se tradujo como una especie de “justicia selectiva” porque la impunidad sigue en el mismo nivel del 98% mientras las finanzas del crimen siguen boyantes.
“Los grupos criminales tienen márgenes y reservas tan holgadas que pueden seguir pagando su nómina y los costos asociados a sus constantes conflictos”, observó Eduardo Guerrero, director de la agencia de análisis sobre seguridad nacional, Lantia Consultores.
Tan es así, concluye Guerrero, que el COVID no significó un golpe a los cárteles,
sino, por el contrario, hasta incrementó el número de asesinatos un 3.5% en 2020 respecto al 2019”.
El tema de la impunidad es un factor permanente. A Los Zetas se les endilgan matanzas tan terribles como en el emblemático caso de Allende, Tamaulipas, en 2010, cuando los hermanos Miguel Ángel Treviño Morales (el Z40) y Omar Treviño Morales (el Z42), exlíderes del grupo ahora detenidos, pensaban que había tres traidores a su organización.
Por información que filtraron las autoridades en Estados Unidos a sus homólogos en México de la Policía Federal, los hermanos Treviño supieron que todo se disponía para su captura y que el “traidor” Alfonso “Poncho” Cuellar se había llevado hasta 10 millones de dólares en ganancias por la venta de drogas.
Cuéllar tenía como empleados a Héctor “El Negro” Moreno y a Luis “La Güiche” Garza. Este último era residente de Allende y “para castigar su deslealtad”, según divulgó la DEA posteriormente a través de la periodista Ginger Tomson e investigadores del Colegio de México, Los Zetas ocuparon el poblado y raptaron a 26 personas a las que quemaron en ranchos o en botes de lámina.
Antes y después de esta barbarie que no se ha aclarado oficialmente, la lista es tan larga como vieja. En 1989 una secta bautizada por la prensa como “los narcosatánicos” cobró fama por los 13 muertos víctimas de un grupo que realizaba rituales de santería con sangre y miembros humanos mutilados para que el alma del sacrificado temiera a su agresor por toda la eternidad.
Siguieron hechos violentos de menor impacto hasta el caso de los 72 migrantes, como el hallazgo cerca de la presidencia municipal de El Mante de 37 cuerpos mutilados al interior de varias bolsas negras en la carretera TamaulipasNuevo León y 23 cadáveres en Nuevo Laredo, nueve de ellos colgados como “piñatas” del puente y 14 más decapitados.
“La diferencia entre el bien y el mal no existe en las organizaciones criminales”, adta Tomás Guevara, sociólogo de la violencia de la Universidad Autónoma de Sinaloa. “La consigna es para ellas: el fin justifica los medios aunque estos sean inhumanos, crueles, diabólicos…”.
Los medios
La primera alerta de que Los Zetas iban a imponer su imperio llegó a través de la prensa casi desde los inicios de la organización. En un evento sin precedentes, sicarios armados ingresaron a la redacción de El Mañana, el principal periódico de Tamaulipas, y dispararon a diestra y siniestra, hiriendo a varios como una primera advertencia.
Siguieron bombazos a medios de comunicación y el asesinato de periodistas o comunicadores de las redes sociales en todas las regiones bajo su control: de Tamaulipas a Veracruz.
Laura Cuevas, periodisnes, veracruzana desplazada para salvar su vida, dijo a este diario que Los Zetas tienen claro, como buenos miliares de origen (se formaron de un grupo desertor del Ejército), que “información es poder y quieren controlarla”.
El silencio de la prensa es prioridad para la organización como lo es el control de las policías y de ello hay muestras claras hasta la fecha: doce agentes de un grupo de élite local de la Policía conocido como los “GOES” son actualmente acusados de participar en la muerte de 19 personas el pasado 22 de enero.
Fueron vinculados a proceso judicial por homicidio calificado. Un juez determinó que las pruebas presentadas por la fiscalía tienen elementos suficientes para sospechar que alteraron la escena del crimen porque no había casquillos ni municiovierte aún cuando la camioneta pick up donde se encontraban los cuerpos de las víctimas presentaba 113 disparos.
Además, los policías se “contradijeron” sobre llamadas telefónicas que realizaron, análisis de geolocalizaciones, dictámenes especializados e imágenes de video vigilancia.
No es la primera ocasión que el GOES se ve involucrado en delitos de alto impacto desde su formación entre 2011 y 2016.
El sociólogo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Alfredo Peña, recuerda que se entrenó “para espiar rivales políticos y saber quiénes los apoyaban económicamente; para identificar líderes populares y para eliminar grupos o sindicatos que no fueran afines a la administración”.
Luego los mandaron a municipios fronterizos con Estados Unidos para el combate a organizaciones criminales, pero se les acusó de asesinatos, desapariciones forzadas y robos.
El 5 de septiembre de 2019, en Nuevo Laredo, se dijo que los agentes quisieron hacer pasar como miembros del crimen organizado a ocho personas, entre ellas, a Severiano Treviño por quien entraron a su casa para desaparecerlo junto con ocho personas a quienes obligarían a vestirse con uniformes y leyendas del Cartel del Noreste, recuerda Peña.
“Tras la denuncia de Cassandra, la hija de Treviño, hubo siete órdenes de captura y sólo se cumplimentaron cinco; tres de esos cinco casos se volvieron testigos protegidos y sólo dos enfrentan un proceso penal”, dijo Peña.
Casos similares han sido denunciados una y otra vez ante los gobiernos en turno. En las últimas desapariciones, la Cámara de Comercio local pidió al gobernador Francisco Cabeza de Vaca tomar cartas en el asunto. El mandatario estatal respondió que estaba trabajando ello, pero las matanzas y raptos siguieron.
Los exgobernadores Tomás Yarrington y Eugenio Hernández están presos en EEUU por brindar protección al narcotráfico en sus gobiernos y el actual mandatario Francisco García Cabeza de Vaca es señalado por recibir dinero para su campaña.O