Cuomo y la Legislatura acuerdan legalizar la marihuana recreacional
Esa industria generará unos $350 millones anuales en impuestos, de los que un porcentaje se destinarán a ayudar a las comunidades afectadas de manera desproporcionada por la aplicación de las leyes del cannabis
El gobernador Andrew Cuomo y los líderes de la legislatura estatal anunciaron el fin de semana un acuerdo para legalizar la marihuana recreativa para mayores de 21 años en el estado de Nueva York.
La Marijuana Regulation & Taxation Act (MRTA) establecería la Oficina de Gestión del Cannabis, que se encargará de determinar el marco regulatorio. Además, ampliaría el programa de marihuana medicinal existente en el estado, crearía un sistema de licencias y un programa de equidad social y económica que anime a las personas afectadas de manera desproporcionada por la aplicación de la ley al cannabis a participar en esta industria.
“Legalizar el cannabis para adultos no se trata solo de crear un nuevo mercado que proporcionará empleos y beneficiará a la economía, también se trata de justicia para las comunidades marginadas durante mucho tiempo y de garantizar que quienes han sido penalizados injustamente en el pasado ahora obtengan un oportunidad de beneficiarse”, dijo el gobernador.
Según las proyecciones, la recaudación de impuestos generada por esta industria alcanzará los $350 millones anuales y potencialmente creará de 30,000 a 60,000 empleos.
La líder de la mayoría del Senado, Andrea Stewart-Cousins, subrayó que había muchos aspectos importantes de esta legislación que debían abordarse correctamente, “especialmente las disparidades raciales que han plagado la respuesta de nuestro estado al uso y distribución de la marihuana, así como garantizar la seguridad pública”.
Es por ello, que entre las disposiciones de la legislación se incluye dedicar un 40% de los ingresos a las comunidades afectadas de manera desproporcionada por la llamada guerra contra las drogas. Otro 40% se destinaría a la educación, mientras que el 20% restante al fondo de educación pública y tratamiento de drogas.
La propuesta legislativa permitiría la eliminación automática de registros de personas con condenas previas y la eliminación de las sanciones por posesión de menos de tres onzas de marihuana.
“Cuando despenalizamos el uso de la marihuana por parte de adultos en el 2019, la mayoría de la Asamblea sabía que la legalización tenía que hacerse de una manera que ayudara a no dañar a nuestras comunidades que han sido devastadas por las leyes de drogas del estado”, señaló el presidente de la Asamblea Carl Heastie.
Uno de los puntos importantes de la legislación es que el uso de cannabis por parte de los conductores seguirá estando prohibido.
Asimismo, la MRTA permitiría a las personas con una lista más amplia de afecciones médicas acceder a la marihuana medicinal, aumentar la cantidad de cuidadores permitidos por paciente y posibilitaría el cultivo casero de cannabis medicinal por parte de ellos.
Según lo acordado, las municipalidades (ciudades, pueblos y villas) pueden optar por no permitir dispensarios minoristas de cannabis para adultos o licencias de consumo en el sitio si aprueban una ley local antes del 31 de diciembre de 2021 o nueve meses después de la fecha de vigencia de la legislación, pero deben participar en la legalización del uso del cannabis para adultos.
Quince estados y Washington D.C. han legalizado hasta ahora el consumo de marihuana en adultos, mientras que más de 30 han hecho algo similar con la marihuana medicinal.
Defensores consideraron que esta legislación pone fin a décadas de criminalización de las comunidades de color.
Los abogados Anne Oredeko, supervisora de la Unidad de Justicia Racial, y Anthony Posada, supervisor de la Unidad de Justicia Comunitaria de The Legal Aid Society, emitieron una declaración en la que resaltan que esta legislación histórica
“trae justicia al estado de Nueva York al poner fin a la prohibición, eliminar los registros de condenas que han reducido las oportunidades de innumerables neoyorquinos, en su mayoría negros y latinos, y brinda justicia económica para garantizar que las comunidades que han sufrido la peor parte de la aplicación de las leyes de la marihuana sean los primeros en obtener beneficios económicos”.l