Piden ayuda económica para expresidiarios
Inmigrantes como Rubiela Correa, Ana Ramírez, Felipe Idrobo y Santa Arias llevan ya casi 3 semanas en una huelga de hambre con la que intentan conmover y presionar a la Legislatura estatal y al gobernador Andrew Cuomo de aprobar $3,500 millones de dólares para un fondo que ayude a cientos de miles de neoyorquinos excluidos de ayudas federales y estatales en la crisis del COVID-19.
Y además de los más de 270,000 trabajadores sin papeles, que estiman han tenido que pasar las verdes y las maduras desde que empezó la pandemia del coronavirus al no tener ningún tipo de estímulo, otra población por la que vela la huelga y defienden la necesidad de que se dé luz verde al fondo de $3,500 millones, son los presos recién salidos de la cárcel.
Los promotores de la iniciativa, en poder de la Legislatura estatal en sus últimas negociaciones alrededor del presupuesto, advierten que si no se le da la mano a unos 45,000 presos que han salido de las cárceles desde que empezó la pandemia para que se mantengan a flote, se creará otra crisis explosiva en medio de la crisis que ya existe.
Eso lo sienten en carne propia neoyorquinos que salieron de prisión recientemente como Charly Martínez, quien asegura que al ya difícil proceso de readaptación a la sociedad, tras haber permanecido varios meses encerrado, tratar de “pararse otra vez” en medio de las heridas que ha dejado la pandemia del COVID-19 resulta más difícil, sin ayuda.
“La gente piensa que cuando uno sale de la cárcel y recupera su libertad todo es alegría, pero a muchos nos toca vivir otro tipo de cárcel afuera. No solo no tenemos casa propia donde estar, en la cárcel no lo ayudan a uno bien en el salto a la calle, no nos dan trabajo por el sello de haber sido presos y ya no cuadramos bien con la familia, sino que uno sale con traumas y lo deprime a uno verse sin un dólar en el bolsillo”, asegura el joven de 29 años, quien prefiere no hablar del penal donde estuvo ni del delito que lo llevó allá. “Nosotros no podemos pedir seguro de desempleo, porque no calificamos y muchos no hemos hecho en años impuestos, entonces no nos llega ninguna ayuda así tengamos papeles. Es muy duro tratar de levantarse cuando todas las condiciones y ahora la pandemia, lo empujan a uno para abajo”.
Un sentimiento similar embarga a Dawedo Sanon, quien fue liberada hace casi tres semanas de la cárcel y además de haber estado en la prisión de mujeres de Taconi, en Bedford Hills, al norte de Nueva York, estuvo en un centro de detención de ICE. La joven de 28 años, originaria de Haití, asegura que aunque tiene unas “ganas enormes” de retomar su vida, y tal vez volver a los estudios de enfermería que llevaba cuando fue arrestada, el panorama ha sido todo, menos miel sobre hojuelas para ella.
“Si antes las cosas eran difíciles, ahora es peor volver a la comunidad, especialmente porque no hay trabajo y además uno sale con el estigma de que estuvo preso. Por eso urge que aprueben fondos de ayuda para quienes estamos saliendo a la calle en medio de la pandemia para podernos levantar”, comentó la exreclusa, quien estuvo 2 años y medio privada de la libertad.
La antigua interna hizo un llamado a la Administración Cuomo y a la Legislatura para que ayuden a presos que como ella recuperaron su libertad en medio de la pandemia. Solo pide una oportunidad para “volver a volar y a soñar”.
“Todos merecemos una segunda oportunidad. Nadie es perfecto. Somos humanos que cometimos errores, pero
El fondo de $3,500 millones para trabajadores excluidos de los auxilios, que urgen que Legislatura apruebe ya, también beneficiaría a unos 45,000 reclusos salidos recientemente de prisión, mayormente latinos y negros